Algunos lectores del subcontinente latinoamericano me han afeado la velada crítica que hace un par de semanas realizaba al revisionismo que, algunas ideologías hacen, de los avances en materia de derechos humanos, a los que califican como intervenciones con perspectiva colonialista. La concertación humana que ha logrado el mayor alcance, al menos teórico, de nuestra sangrienta historia mundial, se ha juridificado tras la finalización de la II Guerra Mundial en 1945, y ha contado y sigue contando con la adhesión de las naciones signantes de tales acuerdos, así como de la incorporación sin reservas de los nuevos países que surgen del proceso continuado de descolonización que se desarrolló durante toda la segunda mitad del siglo XX.
La idea constitutiva del derecho de todos es obtener un parámetro de hombre y mujer válido en cualquier lugar del globo. Visto en perspectiva histórica, apenas se está empezando e, igual que estamos a tiempo de alertar sobre la necesidad de establecer patrones sustanciales que sean certeros (aquí mismo hemos apuntado, semanas atrás, la exclusión que necesariamente se produce estableciendo mayorías o estándares que no lo son), también es procedente que nos avisemos sobre la permanencia de patrones impuestos desde unas civilizaciones, culturas o incluso países, a otros. Bienvenidas sean, pues, todos los llamamientos que sirvan para depurar la necesidad ineludible de extender los derechos humanos, cuando su implementación choca con elementos sustanciales o naturales de una colectividad que los recibe.
Ahora bien, igual que los ciudadanos de países ‘occidentales’ u ‘occidentalizados’ hemos tenido la necesidad de adaptar miles de manifestaciones de nuestra cultura y costumbres a la realidad universal de los derechos, cuando las mismas los afectaban; parece natural que cualquier colectividad social del planeta, permita la entrada en sus comunidades de un depurado (o en proceso continuo de depuración) sistema de derechos humanos. Eso quiere decir que difícilmente, una persona, sea residente en la ciudad de Londres o en una comunidad indígena de Chiapas, pueden maltratar a su pareja o a sus hijos. O que una mujer de Roma y otra de cualquier remota tribu de la amazonía hayan de tener el mismo derecho a reproducirse. O que expresarse libremente, va a ser posible tanto en el centro de Ámsterdam como en los suburbios de San Salvador. Al menos en teoría que así sea, pues de lo contrario el paso a la garantía práctica no se puede establecer.
Claro que el respeto a las identidades debe pugnar por mejorar la concepción universal de los derechos, pero ello no puede erigirse en habilitación o patente para la excepción mientras esa adaptación no se produce, y mucho menos en episodios autóctonos que puedan revelar una palmaria sospecha de indiferencia perpetua. Así, los parámetros de definición de contenidos esenciales y facultades básicas de los derechos humanos permiten desechar, sin espera, que puedan incorporarse a ellos prácticas autóctonas inasumibles que, desde luego, nada enriquecerían la concertación colectiva actual. Ejemplos habría a decenas: un cacique local acordando con un dirigente político el destino de todos los votos de los residentes en la comunidad; la imposibilidad de que abandone una comunidad, camino de un hospital, una parturienta con riesgo de muerte en el alumbramiento; la sustracción de controles sanitarios periódicos a todos los niños de un poblado; la entrega en matrimonio de una niña de seis años, etc. Que nadie advierta en estos ejemplos una visión sesgada o neocolonialista, puesto que la adaptación al contenido o entendimiento universalizado de los derechos llega también a países del supuesto ‘primer mundo’, donde ha habido que decir a determinados sistemas educativos que abandonen los castigos físicos (Reino Unido), o a ilustrados ciudadanos ‘civilizados’ que dejasen de divertirse lanzando por los aires a personas de baja estatura (Francia o Países Bajos). Feliz año nuevo.