Si dos tercios de los agricultores de nuestro país tienen 55 años o más, tenemos un problema a muy corto plazo. Porque ya sabemos de la fugacidad del tiempo y de la lentitud en la planificación de ciertas soluciones que posiblemente requieran de una mayor coordinación política, y quizás de imaginación.
Por eso, de todos los debates suscitados esta semana en torno a la futura PAC en la reunión del Ministerio con las comunidades autónomas, este debería ser tan capital como el de abolir los derechos históricos para recalcular el importe de las ayudas, o el de aplicar una convergencia justa que acabe con la discriminación de productores por la segregación territorial de la actual normativa sobre un mapa imaginario de regiones y comarcas que, visto los resultados y algunos discursos, ha generado desigualdades que ahora tratarán de remendar por la vía de la simplificación agronómica.
En tanto avanzan las conversaciones y se liman asperezas con las consejeros que temen perder dinero a partir de la próxima distribución de fondos públicos, el gobierno central propone revisar el mecanismo de primera instalación. Y sugiere crear una subcomisión de trabajo y seguimiento, con vocación de permanencia, para chequear la efectividad de las estrategias de los gobiernos autonómicos por si tuviera que apuntalarlas el Estado.
No parece que con ánimo de fiscalizar la política regional que en materia agraria también está transferida, a pesar de proponer crear una bolsa de reserva presupuestaria para los fondos Feader, que evite la devolución a Europa por el ritmo de ejecución de cada territorio en las líneas de Desarrollo Rural. Sino más bien con el fin de unificar algunos criterios formativos e incentivos para captar la atención de los que deben protagonizar el necesario relevo generacional. Y seguramente también, para resolver problemas que, antes o después de recibir la ayuda de la administración, aparecen por sorpresa sin que encuentren después una mano amiga para salir de la situación.
Un ejemplo claro está en la financiación. Y así lo señaló el máximo responsable de la agricultura y la ganadería del país. Porque asumiendo la obligada presentación de garantías personales o de avales como cualquiera que acude a un banco o caja a pedir dinero, ¿qué pasa cuando el préstamo se cae con el expediente de incorporación aprobado o el grifo se cierra a medio camino?
Por lo que hemos visto en los diferentes congresos de jóvenes agricultores, este es un asunto trascendental, como también el de la falta de tierras para hacer rentable la actividad desde la primera labranza. Por no hablar de la necesidad de agua para plantear un proyecto solvente y de futuro.
Los tres son baches y socavones que están ocultos en el camino, que pueden sortearse, pero que en ocasiones aparecen nada más rodar los primeros metros. De hecho, cada vez son más los dirigentes agrarios que imploran al aspirante que estudie a conciencia su propio proyecto antes de dejarse llevar por cantos de sirena, o por el atractivo de una ayuda que, -sin menospreciar la cantidad de dinero público que percibe-, no representará más de 5.500 euros anuales, -como máximo 10.000-, por firmar un compromiso de permanencia de cinco. ¿Y después?
La reconfiguración que ha hecho la consejería de Agricultura de Castilla -La Mancha para lanzar las últimas convocatorias, lleva aparentemente todos los filtros para evitar la caída, por ejemplo. Para eso están también los tutores que elaboran el expediente. Sin embargo, y a tenor de las más de 10.000 instalaciones registradas en estos últimos años en España ¿no debería ser igualmente estratégico seguir sus pasos para no perderles en el camino?