En medio de tantas discusiones, entrevistas, dimes y diretes de unos y otros políticos, es curioso constatar que a todos ellos les mueve el bien de España. El pueblo piensa, por el contrario ¡y con razón!, que lo que persiguen de verdad es encumbrarse en el poder, ayudándose unos a otros para conseguirlo o negándolo a quienes, por decisión de los ciudadanos, les correspondería.
Cuesta trabajo entender que, cuando los ciudadanos se han manifestado en favor de un grupo determinado, sus adversarios políticos piensen que siguen teniendo la razón y la verdad absoluta. Es lógico que los partidos políticos defiendan sus posiciones ideológicas y hagan todo lo posible por conquistar el poder con el fin de ponerlas en práctica. Pero, una vez concluido el proceso electoral, no deben, de ninguna manera, obstaculizar que gobierne la formación política que ha ganado las elecciones, aunque para ello necesite apoyos de otros partidos cercanos ideológicamente. Es bueno que haya distintas opciones políticas y que defiendan, de acuerdo con su ideología o su pensamiento, lo que consideren mejor para la sociedad. Pero cuando una opción determinada ha sido elegida como la mejor, no parece muy democrático que los demás partidos pongan palos en la rueda para impedir la constitución del gobierno. Al contrario. Deben aceptar -puesto que el pueblo así lo ha querido- el programa de los ganadores y luchar para que el nuevo gobierno tenga en cuenta sus propias posiciones, trabajando para que lleguen a cumplirse en la medida de lo posible.
En una sociedad tan fraccionada y plural como la nuestra sería lógico que las formaciones políticas con parecida ideología y similares pretensiones se pongan de acuerdo y se unan -en coalición, cooperación o como sea- para garantizar la gobernabilidad del país. En la actual situación solo mediante el diálogo y la negociación se pueden encontrar vías de solución a los problemas de nuestra sociedad. Dialoguen, pues, y discutan todo lo que sea preciso -pues de la discusión sale la luz-, pero que ningún partido político pretenda imponerse al que ha conseguido la mayor representación parlamentaria: ello iría contra la decisión mayoritaria de los ciudadanos.
Que todos colaboren para sacar adelante lo que el pueblo ha decidido con sus votos. La abstención puede ser necesaria e, incluso, moralmente obligatoria, si es la única manera de desbloquear una situación que imposibilita la constitución de un gobierno. Ello no significa renunciar a los propios principios. Se puede y se debe seguir luchando por ellos y defenderlos desde la oposición, aunque siempre con la mira puesta en el bien de los ciudadanos. Así es como hay que entender lo que todos los políticos manifiestan, explícita o implícitamente, cuando explican sus propuestas de gobierno, a saber, que la única razón de ser de la política es el servicio al pueblo.