'Es verdad que el Gobierno desgasta al que lo ejerce, pero mucho más desgasta la oposición", la frase de quien fuera siete veces primer ministro italiano, Giulio Andreotti, ilustra a la perfección la situación que atraviesa nuestro país donde el debate político se centra en ‘el desgaste’, en dilucidar quién tiene que asumir el coste político de decisiones controvertidas, en las que se da por hecho que sea cuál sea la que se adopte surgirán críticas inmisericordes en busca del rédito político.
Que el poder desgasta es evidente sobre todo a la vista de los números de la pandemia y porque así lo recogen estudios demoscópicos recientes, pero el desgaste afecta también al principal partido de la oposición que tampoco atraviesa sus mejores momentos, debido quizá a la endeblez de sus líderes, o quizá a que no tienen muy claro que es lo que debiera hacerse para frenar la expansión de los contagios, porque cada comunidad autónoma en la que gobierna adopta unas decisiones distintas, muy lejos de la voz única que reclaman al Ejecutivo.
En el caso de la modificación del estado de alarma el Gobierno sufriría más desgaste por no hacer nada que por acceder a la petición de los presidentes autonómicos, que demandan la posibilidad de ampliar el margen para el toque de queda. Si tiene que acudir al Congreso a validar las nuevas normas mataría varios pájaros de un tiro: habría demostrado que es sensible a las peticiones de los gobiernos autonómicos en los que ha descargado parte de las responsabilidad en la lucha contra la pandemia a través de la ‘cogobenanza’, entendida en este caso no como una imposición como ha ocurrido en ocasiones sino como una aceptación de las demandas mayoritarias. En segundo lugar, pondría al Grupo Popular ante la tesitura de tener que votarlas puesto que ha sido la presión de sus gobiernos autonómicos la que ha llevado a esa situación, y podría recriminar al Ejecutivo que va a rastras al Congreso a dar explicaciones. No obstante, la dirección nacional del PP ha demostrado que es experta en nadar y guardar la ropa, por lo que no sería impensable que encontrase algún argumento para mantener su abstención y no apoyar una revisión del decreto del estado de alarma. Pero quedarían retratados y el desgaste político derivaría de su falta de coherencia.
En cualquier caso, el coste político de la ampliación del toque de queda lo asume quien utiliza los recursos puestos a su disposición más que quien crea el marco jurídico para que cada cual pueda utilizar las medidas que considere oportunas. Los presidentes autonómicos de cualquier color político han demostrado que están dispuestos a correr con el riesgo del desgaste por su acción de gobierno –pese a las discrepancias de los expertos sobre la eficacia de cualquier decisión que no sea el confinamiento-, como el cierre de la hostelería o el comercio no esencial.
Otro episodio que merma la imagen política del PP es la evidencia de que aplican una doble vara de medir a la hora de criticar a los oponentes que en un abuso de poder se saltaron la cola para vacunarse y mostrarse benévolos por los mismos hechos ocurridos en la Consejería de Sanidad de Murcia, más numerosos y más escandalosos y que solo tiene una solución posible para paliar los daños, la dimisión o el cese del consejero implicado.