El Gobierno ha presentado en plazo el documento que la Comisión Europea solicita para empezar a gestionar que los Fondos de la Unión Europea vengan a España a partir del próximo año. La cuestión es importante, ya que necesitamos unos Presupuestos expansivos que nos empiecen a sacar del agujero que la Pandemia y la gestión de esta nos ha metido. Confiemos que las propuestas del Gobierno sean sensatas, que el debate parlamentario mejore la propuesta y que el consenso entre partidos y agentes sociales permita esperar que el año 2021 traiga algo de esperanza después del horrible 2020 que estamos pasando.
Los Presupuestos Generales del Estado son la base sobre la que se sustenta la política del Gobierno, siendo considerada la ley más importante que se promulga año a año. Gran parte de estos está comprometida antes de empezar a gastar. Pensiones, pago de la deuda, salarios de los funcionarios…. Proporcionalmente, la cuantía sobre la que se ha de decidir a que se dedica, no es la principal sobre el importe total. Pero este año van a venir, si no lo estropean entre unos y otros, miles de millones de euros desde Europa. Tendrán carácter finalista, deberán estar soportados sobre proyectos concretos que la Comisión Europea debe conocer a priori y aprobar.
Habrá que confiar (aunque pequemos de ilusos) que el sentido común terminará imponiéndose y que los presupuestos que se aprueben cuenten con el beneplácito de Europa. Nos guste o no, la solución vendrá de Bruselas. Pero esto debe implicar que la negociación de los presupuestos, para su aprobación en el Congreso de los Diputados, deberá basarse en criterios de racionalidad, transparencia y lealtad institucional. Y miedo me da lo que puede pasar, a la vista de lo que se filtra sobre el particular.
Pensar que la Comisión Europea abrirá el grifo de los fondos sin exigir previamente que el Gobierno de España cumpla con las reformas exigidas y que la finalidad de los Fondos esté debidamente justificada con carácter previo a su entrega, son ganas de pecar de irresponsables.