Las instituciones permanecen, las personas las encarnan temporalmente, y pasan. La actuación de una persona que encarna una institución puede repercutir en la imagen que la sociedad tenga de esta, ya sea en un sentido positivo o negativo. Pero si una institución es necesaria, conveniente o positiva, no dejará de serlo porque quien la encarna o la ha encarnado un tiempo haya tenido (supuestamente) una actuación incorrecta. El debate entre monarquía y república es siempre posible y lícito, y desde luego es un debate permanente en la doctrina o en cualquier sociedad. Hoy en día, y en el constitucionalismo occidental, solo se consideran legítimas las repúblicas democráticas y las monarquías parlamentarias, y si comparamos las monarquías y las repúblicas parlamentarias de Europa, no hay ni siquiera diferencias relevantes en cuanto al sistema de gobierno. Y en la práctica, tampoco en la forma de gobierno, porque nuestras monarquías parlamentarias vienen a ser ‘repúblicas coronadas’ en las que la opción por una jefatura del Estado vitalicia y hereditaria tiene un valor simbólico y de reconocimiento a una continuidad histórica de una nación. Con todo, y en mi humilde opinión, en ese eterno debate los partidarios de la república ganan sin duda en el terreno de la racionalidad, y quizá los de la monarquía en el de la estabilidad y la continuidad histórica, pero lo que cada país debe decidir es cuál es la forma preferible desde la perspectiva de la utilidad y la oportunidad.
Algunas repúblicas de Europa occidental (Francia, Italia, Alemania) consideran intangible esa forma de gobierno, de manera que sería constitucionalmente imposible cambiarla. Pero la monarquía parlamentaria española puede modificarse, e incluso suprimirse, por el procedimiento agravado de reforma constitucional, así que cuando haya una mayoría suficiente a favor de la república, tendremos nuestra III República. Pero por todos esos motivos, los partidarios de la república deberían defenderla con argumentos referidos a las ventajas de la institución, y no basándose en las críticas a las (supuestas) actuaciones ilícitas de uno de sus titulares, y mucho menos cuando no hay nada que objetar al actual titular, y sí mucho bueno que afirmar del titular anterior, del que ahora empiezan a conocerse actuaciones que (de ser ciertas) son sin duda reprobables. Lo incoherente es que algunos de los que critican que la titularidad de la jefatura del Estado sea hereditaria, parecen considerar que sí está bien que se hereden las responsabilidades políticas. Lo peor es que desde una institución constitucional como el Gobierno alguien defienda que los hijos respondan por los padres (bueno, solo algunos) y que la actuación de una persona justifique la supresión de otra institución constitucional como la Corona.