Aseguran los filósofos que a grandes males, grandes remedios, y no cabe duda que el túnel en que el mundo se ha metido exige un cambio radical de mentalidad y una serie de medidas drásticas que, en lo que se refiere a nuestro país, pasan por el aligeramiento radical del aparato del Estado, el cual ha llegado un momento en que, como decía el castizo, se lo traga todo, todo lo que le echen y más.
Lo de Europa es importante, qué duda cabe, una conquista que suena a herencia de la señora Angela Merkel, y que unos cuantos se la han querido asignar en exclusiva, pero el dinero que venga de Europa para paliar esta tragedia del Covid-19, no servirá de nada si no cambian las mentalidades y los vicios adquiridos (en 42 años de democracia hemos convertido el noble arte de la política en un modus vivendi, el único, prácticamente, para el que no se exigen oposiciones ni concursos de méritos.)
Evidentemente, el vicio más arraigado es el de esperar que el Estado nos solucione los problemas a base de subvenciones y recomendaciones, o de bajada de impuestos (obsesión de empresarios y ricos), y, junto a ese vicio, el de confiarlo todo al turismo, a la venta de automóviles y olvidarnos de nuestros orígenes (agricultura y ganadería), por no hablar de nuestro ancestral desprecio por la investigación («que inventen ellos», que, sorprendentemente, decía un señor ilustrado como Unamuno).
El durísimo palo que nos estamos llevando con miles y miles de hoteles cerrados, y todavía más ahora que por culpa de tanto inconsciente e imbécil empeñados en hacer zozobrar al país, no hace más que corroborar lo del necesario golpe de timón. (Siempre pongo como ejemplo el del Hellín de mi infancia, que la riqueza del esparto  convirtió en uno de los pueblos más ricos de España, hasta que el plástico acabó con sus sueños de cigarras, porque las rentas de los afortunados se habían ido en lujos y mansiones en el barrio de Salamanca de Madrid. El resultado: el Hellín actual).
Pero, los grandes remedios de los que hablaba hay que iniciarlos, ya de una vez –y en eso está de acuerdo el noventa por ciento de la población española–, con la agilización de una maquinaria del Estado que supera con mucho la de un país con bastante más población como Alemania. No es extraño, pues, que por las redes empiecen a circular mensajes que buscan la adhesión de ciudadanos honrados, y que se centran en una serie de requisitos imprescindibles para que España no se hunda en los próximos años, entre ellos: la reducción de los miembros del Parlamento a la mitad; la desaparición total y absoluta de ese cementerio de elefantes conocido como Senado (que por nombre no quede); la reducción, también de un 50%, de los 1368, ahí es nada, parlamentarios autonómicos, que son como sanguijuelas que chupan la sangre; reducción, también del 50%, de los altos cargos estatales, autonómicos, de empresas públicas y afines; la regulación de salarios por cargos y la eliminación de pensiones vitalicias; y, por supuesto, la eliminación del 90% de asesores, consejeros, enchufados y demás ralea, que hacen de España un nido de turiferarios y palmeros como el que el pasado martes acogía a don Pedro Sánchez a su regreso de Bruselas (para lo que han quedado los ministros: ¡qué vergüenza! Parecía que hubiésemos ganado la guerra del RIF). 
Por supuesto que esto es soñar; por supuesto que, al final, como de costumbre, le tocará pagar a la esforzada clase media, alegando que lo antedicho es el «chocolate del loro», pero que digan en voz alta, para que se enteren todos, los incrementos de ministerios, ministros, asesores, consejeros y enchufados bien pagados que nos ha costado contentar a los socios del PSOE. Así no hay gobierno que gobierne nada, aunque se lograra ese otro milagro de Lourdes que sería que la economía sumergida aflorara y cotizara, y que los grandes defraudadores del fisco trajeran aunque fuera una pequeña parte de sus inmensas fortunas de los paraísos fiscales, aunque fuera por patriotismo, sí, por puro patriotismo.