El día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaraba la situación de emergencia, ocasionada por el Covid-19, pandemia internacional. El 14 de marzo de 2020, previa reunión de siete horas del Consejo de Ministros, y basándose en el artículo 116, 2 de la Constitución, se aprobaba el Estado de Alarma. En el texto articulado se hacía constar en el artículo 2 que afectaba a todo el territorio nacional y en el artículo 3 que su duración sería de 15 días naturales. La ley orgánica 4/1981, establecía que se podría prorrogar durante otros quince días, con la aprobación imprescindible del Congreso de los Diputados. El día 15 de marzo, el presidente del Gobierno de España se reunía por videoconferencia con los presidentes de las Comunidades Autónomas. Todos subscribieron un documento final, excepto Cataluña. Tras esta primera reunión de presidentes, se sucederían 13 más durante el periodo que duró el Estado de Alarma.
Hasta aquí los datos del BOE. Con lo que nadie contaba es que la pandemia se extendiera vertiginosamente y que empezaran a acumularse las muertes, sobre todo de personas mayores, internadas en residencias públicas o privadas. Tampoco nadie contaba con que las prorrogas del Estado de Alarma se alargaran meses. Ni que un virus desnudara las Instituciones con la indiferencia de su propagación. En pocos días descubrimos que la sanidad española no era tan buena como la que la propaganda anunciaba, que las residencias para la tercera edad fallaban por todos los lados y que las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas ni eran fluidas ni parecían leales. Que Cataluña rompiera por donde siempre, era de esperar. Lo inesperado iba a ser el comportamiento de algunas otras Comunidades Autónomas, cuyos presidentes se comportaron como Condes visigodos. La última escena que representaron los Condes visigodos ocurrió cuando tuvieron que enfrentarse a los árabes del Norte de África en la península Ibérica. La gran mayoría se pasó al lado del ejército árabe que, tras la victoria, se convertiría en invasor. Primera historia, año 711.
El Estado español se organiza, según la Constitución, en territorios descentralizados, llamados nacionalidades o Comunidades Autónomas. Con ajustes y desajustes el modelo venía funcionado con éxito. Las Comunidades habían nacido como instituciones cercanas a los ciudadanos para transformar y mejorar las condiciones de vida de sus territorios y sus habitantes. Pero esto había ido mutando sin apenas percibirlo y se estaban convirtiendo en instituciones cuyos objetivos eran más ellas mimas y los intereses de los dirigentes que los de los ciudadanos. El proceso lo ha acelerado la pandemia. A medida que los contagios se multiplicaban y las muertes arreciaban, las instituciones descentralizadas empezaron a desbordar a las centralizadas. Las culpas empezaron a volar en la dirección del Estado central. Unos, porque habitualmente recelan de los poderes que no ejercen ellos. Otros, en busca de minutos de gloria en medio de una ciudadanía asustada. Y algunas, porque desde sus partidos les habían encomendado iniciar el acoso y derribo del gobierno central. Y así unos y otros descubrieron las costuras de unas estructuras que hasta ahora habían funcionado bastante bien. Y entre todos «al gobierno le pusieron contra las cuerdas con las cifras de fallecidos, con la falta de material de protección para el personal sanitario, con la abultada cantidad de muertes en las residencias de ancianos y con los contradictorios datos entre el numero de test de la enfermedad prometidos y realizados» ¿Les suena? Eso fue lo que dijo el líder de la oposición laborista Keir Starmer a Boris Johnson, jefe de gobierno del Reino Unido, según crónica del periodista Rafa De Miguel. Segunda historia, año 2020.