Primero se llamó Memoria Histórica y ahora ha pasado a llamarse Democrática, como si este adjetivo multifunción mejorara de calidad de dicho invento, al que nada menos que se ha erigido un Ministerio, con una buena pasta, a cargo de la señora Calvo, la de una sobrada expertitud.
Este Santo Oficio creará una verdad histórica según su particular entender y la impondrá sobre otras posibles versiones. Al construirla sobre memorias, se producirá un relato inventado o parcial de la historia, para imponerlo como propaganda coactiva, secuestrando la libertad de opinión y sin garantía alguna al quedar fuera de la autoridad de los historiadores profesionales.
El emisor de tal memoria es un ser plural y por tanto abstracto y así no puede erigirse en observador científico. Los aportes de las memorias individuales, una vez contrastadas, y atendidas otras pruebas documentales son los expertos los que las analizan y objetivan en los tratados de historia, que es un acta analítica de los hechos acaecidos, mientras que la memoria está impregnada de subjetividad y en consecuencia es una visión parcial e interesada. Nuestros recuerdos son siempre selectivos y tienen mucho de invenciones. Recordar es personal, y quien acepta la «memoria común» y la defiende se convierte en perteneciente a un grupo, con lo que se vuelve sectario. Así se engendran los mitos, las supersticiones y los nacionalismos.
Mi memoria personal no tiene pretensiones de ser históricamente objetiva y la mantengo siempre pendiente de los dictámenes de los estudiosos. Lo que no haré es dar una opinión mal contrastada o condicionada -por ejemplo- sobre las causas y efectos de la guerra civil. Denme la libertad criticar al franquismo según mis propias ideas y no «por imperativo legal».    
Pero aquí surge lo inimaginable, y es que el Gobierno no sólo se adjudica la exclusiva de su versión de la realidad histórica sino que establece sanciones a los que se opongan o la critiquen, que pueden llegar hasta los cuatro años de prisión. El núcleo del delito sería el enaltecimiento del régimen franquista o el correlativo de menosprecio a sus víctimas.
Vivimos una obsesión por Franco, pero juzgar según una memoria de grupo es invalidar la historia. Además, no es de rigor sentenciar el pasado con criterios actuales, por lo que merecen mayor crédito los testimonios de Manuel Azaña, Francisco Largo Caballero, Julián Besteiro, José Ortega, J.Mª Gil Robles, Indalecio Prieto, Salvador de Madariaga o Melquiades Alvarez que los de los pequeños advenedizos como Echenique, Pisarello y  ‘allegados’.
La publicidad institucional sobre la guerra civil emite un mensaje simple y monótono en que se nos adoctrina en que cuatro generales al servicio del capitalismo de los terratenientes y financieros con el apoyo de la Iglesia se alzaron contra la democracia. Y punto. Al ser indiscutible, carecemos de la libertad de valorar y debatir en abierto las intenciones de los sublevados, para poder juzgarlos y condenarlos si procede con argumentos sólidos, porque este Gobierno no se arriesga a que con la libertad de opinión apareciese una enseñanza incómoda.
Un tema de tanta gravedad no se puede agotar en tan sólo esta columna.