El destrozo económico que está ocasionando la pandemia del coronavirus ha dado sin embargo fuerzas y argumentos al sector agroalimentario para reclamar la restauración de los viejos mecanismos de regulación de mercados, de intervención pública y de rescate, concebidos en su día para situaciones de crisis, de emergencia o hundimiento.
 Es como volver al principio, tras la marcha liberalizadora de la Política Agrícola Común (PAC) desde la Agenda 2000 que se ha traducido en un desmontaje forzoso del andamio que nos permitió vertebrar al sector desde el solar sobre el que los fundadores de la Unión elevaron el edificio y este ganaba altura a medida que se incorporaban nuevos socios.
   Pero las ampliaciones iban más rápidas que la fragua de los pilares de hormigón. Y así fuimos subiendo plantas, perdiendo el vértigo, mientras sucedían años buenos y otros peores en un mercado al que acudíamos envalentonados por la presión de la globalización, pero sin red de seguridad para amortiguar posibles caídas.
  Sólo el aceite de oliva, o el porcino, mantuvieron en la moderna reglamentación comunitaria mecanismos de retiradas o almacenamientos subvencionados bajo condiciones que fueron desfasándose tal y como comprobamos con el veto ruso, o en la última campaña olivarera que, después de meses reclamando un almacenamiento privado este llegó, aunque tarde hasta el punto de perder toda su fuerza pese a lograr retirar 200.000 toneladas. En el caso de las frutas y hortalizas, por ejemplo, han podido manejar con más o menos autonomía los golpes de las crisis por la fuerte competencia global;  ahora también reclaman mejoras.
   La irrupción del COVID-19 y la congelación o hibernación de la economía europea están generando un nuevo caldo de cultivo por si hay que replantear una PAC más clásica y seguramente proteccionista si se trata de recomponer el destrozo que va a dejar el virus para varios lustros.
   De momento, nuestro país sigue pidiendo soluciones colegiadas, homogéneas y solidarias que eviten la ruptura de la unidad económica y monetaria que dieron sentido al mercado común. Porque serán las que hagan posible la reconstrucción sobre los escombros que deje la pandemia si las instituciones llegan con los puntales para evitar el derrumbe.
   En el ámbito que nos toca, el ministro Planas fue crítico el pasado miércoles ante la nueva Comisión que sigue más o menos de perfil cuando se le pide un esfuerzo adicional para ayudar también, por ejemplo, al vino. Bruselas remite al programa europeo que gestiona cada Estados, aunque autoriza la aprobación de otras ayudas nacionales. Y es ahí donde está el problema para los que como España tienen menos músculo financiero. De hecho Francia estarían cumplimentando con generosos recursos propios y otras medidas de exención fiscal dicho rescate.
   Planas reconoce y asume la libertad y la soberanía de cada socio, pero advierte del riesgo de provocar una «disrrupción de la competencia» y lo que es peor, una grieta profunda en el mercado único que precipite el desequilibrio y el daño en los cimientos de una torre que amenaza con el colapso.