Esta semana ha habido cierto revuelo en Latinoamérica porque el Departamento de Estado de los EEUU tuvo palabras amables con Nayib Armando Bukele Ortez, el presidente de El Salvador. A pesar de que Nayib Armando Bukele Ortez ha cometido groseros atentados contra las libertades políticas de su país en las últimas semanas.
Entre otras cosas, el presidente entró en la Asamblea legislativa con un grupo de soldados uniformados que portaban armas automáticas para pedir que los diputados allí presentes aprobasen una partida de 109 millones de dólares. Dinero para comprarles a esos mismos militares helicópteros, gafas de visión nocturna, un sistema de videovigilancia, un barco y otros juguetes para la guerra declarada a las pandillas.
Que al gobierno federal en Washington no tenga nada que decir al respecto y mantenga las ayudas prometidas constituye una tragedia cuyas dimensiones aún no somos capaces de evaluar. Estados Unidos está dejando oficialmente de ser la policía del mundo y Donald Trump ni siquiera tiene intención de parecerlo.
Durante décadas, la opinión del Departamento de Estado en materia de Derechos Políticos y libertades podía ser discutible, pero era relevante y sus funcionarios estaban obligados a mantener las formas. Se podía rebatir y se podían advertir costuras, dobles discursos terribles y enormes dosis de propaganda en su política exterior. Pero tenía un peso específico y un relato. Ningún gobierno bananero cometía una tropelía sin al menos pensar cómo reaccionaría la embajada de los Estados Unidos.
Pero de un tiempo a esta parte lo que diga el Departamento de Estado no tiene la menor importancia, a no ser que entre en conflicto con sus intereses directos. Sin policía global, líderes como Bukele saben que no tienen que mantener las formas, que da lo mismo lo que hagan, que ni siquiera necesitan argumentar una explicación para salir del trance. Poco a poco, estamos experimentando la distancia que media entre una justicia internacional con problemas y la más absoluta anarquía.