El periodo de tiempo de aplicación del estado de alarma decretado el pasado domingo será de seis meses, pero ese límite temporal no es inamovible. Eso fue lo que dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al anunciar las nuevas posibilidades de restringir derechos fundamentales, en especial el de circulación, pero nadie debió escuchar con detenimiento ese pasaje de su intervención porque todas las críticas dirigidas al nuevo periodo de excepción, -toque de queda incluido- se refieren a la larga extensión de este plazo sin que el jefe del Ejecutivo comparezca a solicitar prorrogas y delegue las explicaciones en el Congreso en el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
El PP y sus presidentes regionales, o la Generalitat, que han criticado tan largo plazo del estado de alarma no han tenido en cuenta la salvedad que expuso el jefe del Ejecutivo. Que no se fían de sus propósitos, y razones no les faltan. Pero del mismo modo que ellos pretenden tener instrumentos para acotar la acción del Gobierno, el Ejecutivo ha aprendido de la situación vivida a lo largo de las sucesivas prórrogas durante el estado de alarma de la primavera y de la falta de compromiso de los populares e independentistas con una medida que ha sido la única que se ha demostrado útil para contener la pandemia, si bien es cierto que una mayor duración hubiera infligido un castigo más duro a la economía del país.
Quienes con más énfasis solicitaron que el estado de alarma decayera y quienes con mayor intensidad solicitaron que se les devolviera el mando a las comunidades autónomas para afrontar la pandemia con sus propios métodos son los que ahora insisten en que la disparidad de medidas que cada una de ellas puede arbitrar sigue siendo motivo de desconcierto, una declaración que vista desde arriba tiene una cierta verosimilitud, pero cuando se ve a ras de tierra cada ciudadanos sabe cuáles son las medidas que ha dictado su comunidad sin que le afecten la de otros lugares –ni más ni menos que como ocurre con otros asuntos como las prestaciones sanitarias- aunque siempre hay quien pretende que se imponga una uniformidad que no se corresponde con la situación que atraviesa cada comunidad autónoma por la pandemia.
Apenas comenzado a regir el nuevo estado de alarma, y sin ver cuáles pueden ser sus efectos en la reducción de los afectados por el covid-19, ya se han levantado voces que anuncian la debacle nacional si no se protegen las ventas navideñas o el turismo de Semana Santa, y comienzan a manifestarse prisas que demuestran que ninguna lección se ha aprendido de la primera ola de la pandemia. Y eso que las restricciones anteriores impuestas por los gobiernos autonómicos y las del estado de alarma actual tienen tantas salvedades que facilitan los movimientos que resultan ineficaces, por un lado, y por otro no se quiere reconocer que el ocio relacionado con la hostelería es una de las principales causas de la extensión de los contagios, junto a las reuniones sociales o familiares y el resto de manifestaciones de indisciplina social.
Al menos las comunidades más prudentes y más preocupadas por la salud de sus ciudadanos han comenzado a arbitrar medidas de confinamiento perimetral que afectan a toda la región e incluso de sus pueblos o de fin de semana. De la eficacia de esas iniciativas dependerá la duración del estado de alarma, que lo mismo podrá ser acortado que alargado.