Inicio con esta columna una colaboración quincenal en La Tribuna. Quiero agradecer a la empresa editora y, particularmente, a Fernando Franco su hospitalidad.
A finales del pasado mes, se celebró un Consejo Europeo para abordar algunos de los grandes desafíos que han de enfrentar los gobiernos y, por tanto, los ciudadanos, Superar la pandemia es el primero, pero no el único. Hay otros muy importantes para el futuro del bienestar de todos, como la formación y el empleo juvenil, la política industrial, la transformación digital o la transición ecológica.
El 26 de marzo de 2020 el Consejo declaró la pandemia de Covid-19 como un reto sin parangón para Europa. Un año y cientos de miles de fallecidos y millones de víctimas después, debemos ser capaces de alcanzar una solución completa a la crisis sanitaria por la salud de la población, por el modelo de vida y por la recuperación de la economía. Lo lograremos si hay una colaboración leal entre el Estado y las Comunidades Autónomas, eficacia en la gestión pública de la vacunación y del sistema de salud y responsabilidad en los ciudadanos.
Al mismo tiempo, esta crisis sanitaria y social ha puesto a prueba la confianza de la ciudadanía en la estructura político-jurídica europea, obligada a garantizar la autonomía estratégica en materia de vacunas y acreditar su fortaleza frente a las multinacionales farmacéuticas, aplicando los instrumentos de diverso tipo de los que dispone, alguno de los cuales incluso creados por la propia Unión Europea, como el Reglamento de Ejecución 2021/111 de la Comisión, de 29 de enero, sobre exportación de vacunas y principios activos; lo que no significa que Europa olvide su sentido de solidaridad internacional facilitando la exportación a países vulnerables.
Otra medida que se plantea como instrumento de lucha contra la COVID-19 es el llamado certificado verde digital. El 17 de marzo pasado, la Comisión Europea presentó una propuesta de un certificado que permita la circulación libre y segura pues la libertad de circulación se debe cohonestar con la protección de la salud. Sin embargo, este es un proyecto complejo en el que es preciso respetar la privacidad de determinados datos personales relevantes y evitar la discriminación.
Pero, como decía al principio, la batalla contra la Covid-19 no debe hacernos olvidar otros grandes retos que tenemos como europeos.
En efecto, la pandemia ha puesto de manifiesto con una notable intensidad la relevancia de la transición digital, la importancia del mercado único, el papel de una industria resiliente y la necesidad de fortalecer la capacidad de innovación.
 Un ámbito clave en el que Europa se ha quedado rezagada es el de la economía digital. Tanto en desarrollo de infraestructuras como en la formación de recursos humanos. El programa Next Generation EU es una oportunidad extraordinaria, nada menos que el 20% de los fondos europeos que financiarán los planes nacionales de Recuperación, Transformación y Resiliencia se refieren a la transición digital.
Por su parte, la transición ecológica acaparará el 37% de los fondos de Next Generation, que deben utilizarse para impulsar la transformación del modelo productivo hacia un crecimiento sostenible que haga frente al cambio climático.
Pero el futuro de Europa exige acciones concretas y efectivas sobre el empleo, particularmente juvenil. Ello es urgente y especialmente en el caso español, que encabeza el paro juvenil con casi el doble de la media europea. Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, los menores de 25 años en paro eran casi 358.000 en marzo de 2021; es decir, el desempleo de los jóvenes de la Generación Z en edad legal de trabajar está en el entorno del 39%, más del doble del de las generaciones anteriores (la del baby boom, la X y los millennials).
Esto nos sitúa, además de ante una notable brecha generacional, ante una brecha social, pues según la última Encuesta de inserción laboral de titulados universitarios publicada por el INE en octubre de 2020, su tasa de paro, cinco años después de graduarse, era el 8% y el 6.4% se mantenían inactivos, lo que son cifras mucho mejores que las de los demás jóvenes y del resto de la sociedad.
A estas dos brechas, se añade un grave riesgo de manifestación de una cicatrización o histéresis económica: si se produce un largo período de desempleo, la Generación Z podría perder una parte importante de su formación y capacitación profesional, penalizando su futuro; de ahí la importancia de la cualificación educativa, las políticas activas de empleo y el reciclaje de la formación.