Lapidaria radiografía la mostrada por Cáritas y la Fundación Foessa, el pasado 7 de octubre en su informe Sociedad expulsada y derecho a ingresos, donde alerta del «ensanchamiento del espacio de la exclusión social, en el que viven ahora 2,5 millones de personas nuevas respecto al año 2018; de ellas casi 2 millones en situación severa».
Aludía en mi anterior artículo a las tres grandes lacras de España: los escandalosos índices de desempleo, el insoportable aumento de la pobreza y el progresivo hundimiento de las clases medias. Tres enormes problemas sobre los que los sucesivos gobiernos de la democracia vienen pasando de puntillas, limitándose a las políticas de parcheo y limosneo, con la esperanza de que el tiempo aporte soluciones, cuando está claro que los problemas de esa envergadura no sólo hay que abordarlos por su base antes de que te terminen estallando en las manos, sino que exigen un gran pacto nacional, en el que entren los partidos políticos, sindicatos, mundo empresarial, etc. Pero no cabe duda de que la miopía se ha adueñado de las clases rectoras, enfrascadas a diario en querellas intestinas y enfrentamientos dialécticos absurdos y estériles.
El informe es demoledor y vergonzoso. Demoledor, por cuanto pone al descubierto los dramáticos estragos de estos dos años de pandemia, que ha ensanchado en un 25% la grieta de ciudadanos que viven en exclusión social, superando los 11 millones de españoles, de los que 6 se sitúan en el amargo trance de la pobreza severa. Vergonzoso, por cuanto predomina la indiferencia entre una población que hace su lema del 'sálvese quien pueda' y del no menos cruel 'que cada cual apechugue con lo suyo que yo bastante tengo con lo mío'. Y si a esa falta de conciencia le sumamos la ya aludida actitud de unas clases políticas que no sé, en verdad, que buscan excepto aquello del poder por el poder; o la de los medios de comunicación, que por sistema obvian el problema, centrándose en el impresionante drama de la isla de La Palma, que es lo que hoy día vende, el resultado ahí lo tienen.                          
Casi sin darnos cuenta nos estamos poniendo a la altura de países como Argentina o Méjico en lo que se refiere a pobreza, a desfavorecidos (y eso por no hablar de la mala calidad del empleo y de los salarios que impiden llevar una vida digna a millones de trabajadores incapaces de alcanzar el final de mes); algo inaudito en un país de la Comunidad Europea. Las desigualdades crecen y, en tanto que más de medio millón de ciudadanos han hecho su agosto durante estos largos meses de pandemia, otros –nada menos que 2,5– simplemente sobreviven. Y hasta se nos alerta que caminamos hacia un escenario de mayor precariedad.
¿Qué esperan, pues, nuestros gobernantes para hincar el diente a tan tremendo problema? Tenemos gente preparada como jamás la habíamos tenido, que ven con auténtico estupor la escasísima preparación y la torpe osadía de lo encargados de dirigir los ministerios, amiguetes de carnet, como antaño la nobleza. Decía Isabel la Católica que había que elegir a los mejores para los puestos de responsabilidad si pretendemos avanzar. Esa política fue la que permitió, por ejemplo, al presidente Franklin Roosevelt sacar a flote a los Estados Unidos en los años 30 y convertirlos en la primera potencia mundial. Suyas son estas hermosas frases, pronunciadas en una época en que los políticos hacían política con letras mayúsculas: «Ha llegado el momento de fundar una nueva era, aunque para ello sea necesaria una revolución». «Hay que emprender la ofensiva contra los privilegios, aunque no precisamente contra todos, sino contra los que impiden elevar el nivel general de vida. La política del New Deal es una política de nivelación, pero de nivelación hacia arriba. No existe una panacea contra el paro… La política de trabajos públicos nacionales sólo es un remedio parcial», y así sucesivamente. ¿Para cuándo, señores míos?