Con la ley en la mano el trasvase Tajo-Segura debería cerrarse con la entrada en vigor del nuevo Plan de cuenca del Tajo. Debería llevar cerrado décadas, al menos desde que quedó claro tanto el impacto inasumible en el propio Tajo, como el incumplimiento sistemático de la propia Ley de Aguas en las zonas receptoras del trasvase (Murcia y Alicante; porque Almería siempre fue la convidada de piedra, utilizada cuando interesa y dejada de lado siempre). Pero el trasvase Tajo-Segura, ante todo, siempre ha sido un inmenso negocio privado hipersubvencionado por todos los españoles, con los usos y abusos políticos conocidos; y en determinados ámbitos ingenieriles un monumento a unos tiempos gloriosos, donde el hormigón era lo que importaba, y eso de la sostenibilidad, el medio ambiente, y los ríos, meros obstáculos, naderías.
El trasvase Tajo-Segura se inauguró en el año 1979, siendo ministro de Obras Públicas Joaquín Garrigues Walker, diputado en Cortes por la provincia de Murcia. Es interesante rastrear en el diario de sesiones de las Cortes las discusiones de los años anteriores entre el ministro de la UCD y los exministros tecnócratas franquistas que lo desarrollaron, ya ubicados en las filas de Alianza Popular. «Hasta cinco» llega a contar Garrigues en la sesión del 25 de enero de 1978. ¿En qué se parece aquel país a este? Porque el trasvase Tajo-Segura, si no un monumento al franquismo como aseguraba por aquellos años Gregorio Peces Barba desde los escaños del PSOE, sí es la imagen de un tiempo pasado. Analizar el marco legislativo de las Directivas y sus trasposiciones y ver cómo década tras década se retuercen leyes y decretos con tal de mantenerlo a toda costa, habla muy mal de este tiempo y de quienes se suceden en los diferentes gobiernos de la Democracia. Algún día habrá que escribir despacio todo esto.
No sé lo que versión del Plan de cuenca del Tajo irá finalmente al Consejo de Ministros y saldrá publicada en el BOE. La chapuza que fue al Consejo Nacional del Agua o la componenda que se aprobó en el Consejo de la Demarcación del Tajo. Ambas son ilegales, anacrónicas e incumplen las cinco sentencias del Tribunal Supremo. Pero la que fue de aquella manera al Consejo Nacional del Agua en noviembre, era más que una infamia una huida hacia delante por parte de alguna facción irredenta y nostálgica del MITECO. El trasvase, ahora más que nunca en 2023, es un arma política. Joaquín Garrigues Walker ya argumentaba hace 46 años, en 1977 que «el trasvase Tajo-Segura requiere soluciones políticas». Hasta ahora la política ha servido a los intereses privados del trasvase, revestidos de interés general. El Tajo y su territorio no ha existido, como tampoco ha importado el desastre del Mar Menor y el Campo de Cartagena. Sigue sin hacerlo. Podemos seguir una década más retorciendo el aparataje jurídico, pariendo aberraciones vía leyes, decretos… planes de cuenca escandalosamente amañados. Más allá del teatrillo político acostumbrado, en 2027 nada habrá cambiado para el Tajo. Mucho ruido pero el trasvase continuará. Estoy tan convencido como que con la luna de marzo las grullas enfilarán su norte.