Hace aproximadamente un mes titulaba esta carta como Punto y aparte, y fue un texto que contenía algún optimismo acerca de que la política nacional pudiese encontrar la ocasión de cortar con un pasado larguísimo de inútiles enfrentamientos, y empezase un periodo de acuerdos, con el que hacer frente a los desafíos que tenemos por delante; por ejemplo, el gobernador del Banco de España, a pesar de su conocido liberalismo económico, afirmó en el Congreso de los Diputados que la recesión económica iba a obligar al Estado a afrontar las dificultades sociales que ya se están produciendo, y las muchas todavía por llegar, y advertía de la necesidad de que esos acuerdos deberían proyectarse por un periodo de unos cuantos años. 
El acuerdo del presidente Sánchez con Inés Arrimadas fue, unas fechas después, un destello de optimismo. Duró poco. El acuerdo entre la portavoz socialista con Bildu, avalado por los grupos que orbitan en torno de Podemos, para derogar completamente la actual ley laboral, fue un viento helado que apagó el destello de horas antes. 
Seguidamente, nuevos hechos certificaban que ese punto y aparte de racionalidad y de diálogo era tan solo un ingenuo desiderátum. Primero, el informe del coronel de la guardia civil, Pérez de los Cobos, tan ideologizado como cuajado de errores materiales, ocasiona su cese, con lo que se llega a parecida polarización, en ámbitos de la función pública de seguridad, que la que está sufriendo la política y la sociedad española. Y segundo, la portavoz popular, la diputada Álvarez de Toledo, no ha perdido la ocasión de acarrear combustible al incendio que está llevando nuestras mejores tradiciones cívicas al desastre. Álvarez de Toledo le espetó en el parlamento al vicepresidente Iglesias que: «Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político». 
Creo que lo que dijo Álvarez de Toledo es más que una descalificación grosera. Afecta a la lógica parlamentaria, en otras palabras, hacer a un hijo responsable del pensamiento y las acciones de su padre, nos sitúa en parámetros anteriores al liberalismo, cuando en oscuros tiempos los delitos y los pecados marcaban la descendencia del condenado, fuera éste criminal, o tuviese sangre de judíos, moros o gitanos. La frase de la diputada nos retrotrae a De los delitos y las penas de Cesare Baccaria, y más cercanamente a los desdichados debates parlamentarios de 1936 sobre la violencia en la II República. 
Pero, además, Álvarez de Toledo desconoce esa línea esencial de nuestro pacto constituyente: la ley de amnistía de octubre de 1977: cualquier violencia cometida desde la guerra civil hasta el momento de la aprobación de esa ley, quedaba amnistiada. Eso permitió que ministros del Interior como Martín Villa y Rosón, antiguos cargos del régimen franquista, pudiesen entenderse con miembros de ETA, como Mario Onaindía o Teo Uriate, quienes años después fueron artífices de la mas eficaz lucha moral contra el terrorismo etarra. 
La diputada Álvarez de Toledo debería distinguir nuestra ley de amnistía de la ley argentina de punto final, que parece sonarle más cercana. A quiénes sus irresponsables acusaciones les confirma en sus mendaces argumentarios son a los que aún siguen pidiendo amnistía para los etarras encarcelados, a los populistas que afirman que nuestro sistema constitucional es un régimen semimilitar, y a los partidarios de Puigdemont y demás separatistas catalanes que niegan la autenticidad de nuestro proceso democrático de 1978. 
Verdaderamente, sería ser un asno benévolo (como Marx se refería a Moses Hess, el ingenuo primer comunista y sionista alemán) si todavía espero que los actuales dirigentes políticos podrán salir de su infernal círculo electoral y de poder. 
Hace unos días, un compañero partidario, y antiguo diputado, me criticó en la red por mi impresión de falta de credibilidad del Gobierno del presidente Sánchez. Dijo de mí que yo era una minoría (y por eso debería callarme). No me molestó saber que era una minoría, aunque pensé cosas poco optimistas; siempre me impresionó la minoría de personas que no se sumaron en 1936 a los hunos y los otros: Unamuno, Ortega y Gasset, Baroja, Fernando de los Ríos, Julián Besteiro, Julián Marías, etcétera, símbolos de millones de españoles que no querían negar una parte de razón a sus compatriotas (en muchos casos, sus padres y hermanos) en el conflicto de entonces; son los mismos que esperaban un punto y aparte para empezar una nueva concordia, un nuevo consenso. De 1936 a 1977 tardó en llegar 41 años, y fue un inútil retraso aunque nefasto. 
A raíz del diálogo que tuvimos en rector de la Universidad Pontificia de Comillas, el teólogo Julio Martínez, y yo mismo, la revista oficial de la Iglesia Católica, Ecclesia, me pidió una entrevista. Se trataba de conocer cómo podíamos estar de acuerdo ambos en cuestiones fundamentales. Contesté a su pregunta final, referida a mis previsiones después de la pandemia, con estas palabras: «Siento el mundo con una mezcla de temor y aburrimiento».