El sistema productivo de un territorio, así sea una provincia o un país, no puede reducirse a una mera distribución por actividades o por firmas que, como las marcas comerciales que acabaron dando nombre consuetudinario a un producto concreto, parecen ser en sí mismas un sector completo. La economía de un territorio es un organismo en el que todo lo que afecta a una parte repercute en las demás, y en ese organismo es necesario que los autónomos carburen para que todo lo demás lo haga. Detrás del 90% de las empresas de Burgos hay un autónomo, más de 27.000 trabajadores capaces de generar otros tantos empleos que ahora sobreviven atenazados por la incertidumbre que se cierra sobre sus negocios.
España ya está en fase de reconstrucción, por más que sus dirigentes sigan encastillados en continuar en campaña electoral o en estado de alarma. La pandemia está contenida, los sistemas preparados y las alertas activadas. La evolución de las distintas regiones hacia un verano que debe ser la bisagra que cierre definitivamente la puerta a las limitaciones de la actividad productiva parece imparable. Es tiempo, por tanto, de tomar decisiones acertadas para sacar del coma al país. Si esas decisiones no alcanzan a los autónomos de forma efectiva, no habrá recuperación en uve. No habrá rebote económico. Habrá más dolor.
La vía de los hechos ha demostrado que las primeras baterías de medidas amplificadas por el Gobierno para proteger esta red de pymes no ha funcionado. La mayoría ha tenido que esperar semanas o meses para cobrar las prestaciones; otros han tirado la toalla por las dificultades técnicas y administrativas para acceder a ellas. Los menos, ni siquiera han intentado pedir ayuda, bien porque desconfían del sistema, bien porque han tirado la toalla. Y, en cualquier caso, la ayuda se diseñó en términos de crédito o aplazamiento de los pagos. Es decir, consistió en apalancar -aún más- a las pequeñas y medianas empresas.
Esa procrastinación de las obligaciones de los autónomos los deriva hacia un futuro inmediato en el que su actividad podría verse mermada de forma notable o incluso definitiva. Es cierto que hay profesionales que han visto mejorada su carga de trabajo debido a las circunstancias excepcionales desatadas por la pandemia, pero no lo es menos que hay millones de españoles que han pasado dos meses -casi tres, si todo va bien, en el caso de Castilla y León- sin meter un euro al cajón. Cuando abran, lo harán en un entorno hostil y cargados con una deuda añadida a la que en muchos casos ya venían arrastrando. Se merecen un plan fiable, cierto, creíble y bien financiado. Y se lo merecen ya.