La necesaria presencia de España en ayuda del éxodo afgano, apoyada por la mayoría de la sociedad, aunque con alguna crítica por el tiempo perdido en un inicio, ha resucitado el debate social basado en un incorrecto entendimiento ciudadano de lo que es nuestro Cuerpo Diplomático y su cometido ¿Debe España atender a sus ciudadanos en el extranjero, poniendo a su disposición todo el aparato del Estado y su Servicio Exterior? Sí. Pero como en todas las cosas de la vida, cada caso concreto requiere una reflexión en la respuesta.
Si ocurre un terremoto, un atentado terrorista o cualquier accidente realizando una actividad normal en un país sin riesgo, todos deberíamos tener la protección adecuada con la contratación de un seguro de viaje en condiciones, y donde éste no llegue, subsidiariamente ser atendidos por los medios públicos de nuestro Estado. El ejemplo más claro es el de las catástrofes naturales. También, por un principio de humanidad y solidaridad, creo que habría que ayudar a cooperantes y religiosos ante problemas graves de salud o accidentes (el ejemplo más reciente, las repatriaciones por contagio de enfermedades o en el ejercicio de acciones humanitarias).
Fuera de esos eventos, me parece evidente que se debe de ayudar a quienes practican deportes de riesgo, negocios en países peligrosos o viajes por zonas conflictivas, pero ya desde otros principios: no podemos asumir con el presupuesto público lo que las aseguradoras de viajes y actividades no cubren, y esa ayuda, ya digo que imprescindible, debe ser repercutida, posteriormente a las personas que muy loablemente se dejan la vida, por elección personal, en una acción de riesgo.
Nadie se atreve a decir esto tan claro cuando hay víctimas recientes, pero estamos en lo de siempre: cuando algo ocurre, cada uno de nosotros tiene que asumir su propia responsabilidad, y no creer que la sociedad entera tiene que estar a tus pies sin coste alguno.
Pasa igual dentro de España: si me sorprende una tormenta de nieve, los equipos de montaña de los cuerpos de la seguridad del Estado, me han de rescatar sin coste. Pero si la tormenta no me sorprende y yo he salido a pesar del pronóstico del tiempo, esos equipos los ha de costear, tranquilamente y después del susto, mi compañía aseguradora o yo mismo. Finalmente, el ejemplo más duro y extremo, es el que constituye el secuestro en zonas de riesgo de nuestros conciudadanos: la mayor parte de los países, no la España que fue de Zapatero, no pagan rescate. Uno no puede pretender que sea el Estado quien lo asuma, por doloroso y fatal que resulte el desenlace. La razón en este caso no es económica, es de simple seguridad: desde el momento en que entreguen por mi cabeza un rescate, estaré poniendo en peligro automáticamente a todos los españoles del mundo, pues cada maleante del universo sabrá que somos un cheque en blanco andante. Aquí el Servicio Exterior debería ayudar en lo que pueda a la familia de la víctima y presionar a las autoridades locales, pero nunca pagar.
En resumen: no es que cada palo aguante su vela, pero en muchos de los ejemplos propuestos, debemos de aguantar el palo de otros, pero no siempre pagar la vela, ya que el que la sostenía sabía que podía quemarse.