El sector olivarero vuelve a tomar las calles. Después de la gran manifestación de Sevilla convocada por Upa y Coag, el próximo 10 de octubre se citan de nuevo en Madrid con el apoyo -esta vez- de los agricultores de Asaja que no es un dato menor. A pesar de que todos saben que las negociaciones para regular un almacenamiento o retirada están muy avanzadas con Bruselas, llevan demasiados meses esperando la señal de un mercado controlado por extraños movimientos especulativos; reclaman más complicidad de la distribución a la que reprochan que, en un contexto de pérdidas de renta, sigan banalizando el producto con ofertas reclamo para captar a un consumidor que sabe que lo barato sale caro, y que la calidad tiene un precio que no es precisamente el del lineal.
Agrava la incertidumbre el elevado enlace de la última cosecha en el arranque de la nueva (desde el 1 de octubre) y el escenario político con un Gobierno en funciones que convoca nuevamente al electorado para seguir en funciones otros tantos meses más hasta que el dictado de las urnas ayude a recomponer el Congreso y el resto de instituciones. De esta manera, si se desbloquea el tablero, será a partir de los primeros vareos cuando quizás se retomen las discusiones para avanzar en la aclamada intervención privada.  
 Los del vino están igual de parados. Porque aunque la Interprofesional española OIVE intenta avanzar en la futura norma de comercialización que obligue a transformar en mosto o alcohol determinados rendimientos, poco más se puede hacer pese al empeño de un Ministro de Agricultura en funciones y su gabinete por esbozar el calendario y la hoja de ruta frente a una Comisión Europea saliente.
Asimismo, hasta el 1 de noviembre, una vez que el Parlamento haya ratificado los cargos del colegio de Comisarios, no habrá movimientos reales más allá del que hagan los equipos técnicos que  -eso sí- intentan ganar tiempo en la redacción de sus informes para esbozar los nuevos programas de aplicación de la futura PAC. Y ahí también habrá que esperar a que el nuevo Comisario de Agricultura, el polaco Janusz Wojciechowski, se ponga al día y no tenga tentaciones de modificar la propuesta de reglamentos ya diseñada por su antecesor Phil Hogan. Ya pasó con la que escribió el rumano Dacian Ciolos que finalmente remató el irlandés quien incorporó nuevas orientaciones. Estaremos atentos al control de la Eurocámara.
Pero por intentar ver algo positivo en el relevo, Hogan será quien supervise todo el proceso del Brexit y la salida del Reino Unido de la UE y quien ratifique y desarrolle el acuerdo de comercio internacional con MERCOSUR, día asuntos capitales para nuestra industria agroalimentaria.
A la espera de todo, la maquinaria administrativa sigue en marcha y el próximo 16 de octubre entraremos en el nuevo año de pagos de la PAC. Coincidirá el anunciado anticipo del 70% de las ayudas directas con este relativo impás donde la política agraria y su futuro presupuesto volverán al primer plano también de la campaña electoral de los grandes partidos, mezclada seguramente con otros retos para frenar el Cambio Climático.
   Así las cosas, el Gobierno que salga del 10 de noviembre se encontrará con la primera urgencia de ratificar si pone más dinero como ya han verbalizado el grueso de los  países comunitarios más agrícolas (incluido España) que después de meses de retraso para acometer la reforma se encuentran ahora con una oposición férrea del núcleo duro que encabeza Alemania, junto a Holanda, Dinamarca, Suecia y Austria. Neutralizar o minimizar en las futuras perspectivas financieras el temido recorte en la PAC puede ser el primer éxito o fracaso que se anote el futuro Presidente.