Llegado a un extremo de odio y cólera, en la mente del espécimen humano se dibuja la idea de asesinar a alguien, pensamiento por fortuna impracticable gracias a la civilización que nos lo pone feo, difícil y muy penalizado. Leo en Cioran que una de las fuentes de la infelicidad es que reprimimos demasiado nuestros instintos criminales, pero ahí están agazapados.
Puestos a ello, la barbarie más natural sería asesinar a un alto responsable de nuestros males, que —de Dios para abajo— sería un gestor de lo público. Elegiríamos a un político o a un juez o a un banquero o a un presidente de algo. Pero intentar cargarse a un currante de uniforme es la cobardía de los miserables en manada que no pueden alcanzar a un ministro que está en un sillón a donde no le llega un ladrillo.
Atentar contra un policía es llevar al extremo la tolerancia increíble de llamarle hijo de puta, mearle en las botas y echarle pintura en el uniforme. Cargarse a un poli va camino de ser una conquista popular porque el ambiente anárquico es creciente. Basta con abrasarle con un molotof, lanzarle ácido, tirarle un viaje con una motosierra, golpearle con una barra o lanzarle desde una azotea una bola de acero que le destroce el casco. En esta semana sangrienta en Barcelona la muerte estuvo rondando por las calles.
El mindundi de Interior dejó a su suerte a los agentes, escasos y sin medios para defenderse y, tratando de salvar su culo, habla de una «proporcionalidad» de actuación. Proporcionalidad que no hubo en la actuación policial, pues el agente al que van a partirle la cabeza con una barra sólo puede defenderse con una porra. Tampoco hay equilibrio en el juicio de los progresistas porque si el poli le larga una hostia a quien le grita en sus narices, le acusarán de brutalidad bajo la pancarta de ¡policía asesina! ¿Cómo explicar si no que en estas protestas callejeras han resultado heridos 289 policías? Hemos de distinguir entre violencia y fuerza, términos con que Marlaska se lía. Frente a la «violencia» de los que toman ilegalmente las calles, los agentes son la «fuerza» que defiende la ley, y sus abusos o errores se someterán a un juicio disciplinario.
Donde reina la lasitud, el desconcierto, la corrupción y el desorden, se necesita un gobierno honrado, listo y firme. Y, en el caso del hostigamiento a las fuerzas del orden, no sería difícil recuperar la autoridad y el prestigio si al agresor, detenido por levantar la mano o la voz o escupir, le pusieran 10.000 euros de multa en moneda catalana. No creo necesario ni conveniente meterle como pensionista en el talego, donde otra rama podrida de la justicia que es la penitenciaria, le iba a permitir salir de vacaciones cada fin de semana, mientras que en un año podría cumplir la pena de cinco.
Que la fuerza pública sea maltratada es consecuencia de años de falta pública de honradez. Entre los del «¡apreteu!», que son ladrones envueltos en banderas y los del «progresismo», que cierran los ojos para obtener sus votos, hemos desembocado en una grave situación. Para recuperar la salud se necesitarían años de «desnazificación» con un gobierno que corte el grifo al procés y apoye a los catalanes españoles ¡postergados al punto inhumano de enmudecer su lengua! que son el único recurso para un futuro de entendimiento dentro de Cataluña y de ésta con las demás regiones de España.