Estos días estoy explicando a mis alumnos universitarios lo que el historiador Hobsbawm denominó ‘la era de la revolución’, ese periodo que, con la guerra de Independencia norteamericana como punto de arranque, se extendió por la vieja Europa desde 1789 a 1848. Un periodo fascinante, uno de los momentos de mayores transformaciones de la historia de la Humanidad, en el que un mundo se derrumbó y dio a luz a una etapa nueva. Toda una construcción social, política, económica, cultural, como era el Antiguo Régimen, elaborado a lo largo de los siglos que sucedieron al derrumbe del Imperio Romano, fue sustituida por nuevos modelos de hacer la política, de entender la economía, de estructurar la sociedad y de comprender la cultura.
En este proceso, uno de los momentos más decisivos fue la Revolución francesa. No voy a impartir aquí, obviamente, una lección sintetizada de la misma. Todos somos conscientes de sus repercusiones, algunas, referentes al patrimonio toledano, lamentablemente evidentes, pues una de las consecuencias de ella, las guerras de Napoleón, hizo que, con la llegada de las tropas del emperador, desaparecieran, por robo o por destrucción, elementos muy significativos de nuestro arte, como el antiguo convento de San Agustín o el riquísimo conjunto de pintura, retablos, libros y documentación, junto a uno de los claustros, de San Juan de los Reyes.
Sí quiero, sin embargo, evocar una de las aportaciones más valiosas nacidas de aquella vorágine que atravesó Europa. La Revolución, frente a la anterior estratificación social por órdenes, (clero, nobleza, estado llano), frente a la diversidad jurisdiccional y el conjunto de derechos, privilegios, fueros y franquicias que beneficiaban a territorios, lugares, ciudades, estamentos, trajo el reconocimiento de que es el ciudadano el sujeto de los derechos y obligaciones. A pesar de la imperfección de su aplicación inicial, pues la ciudadanía estaba restringida por motivos económicos o de sexo, esta idea ha ido ampliando poco a poco su contenido, hasta alcanzar a todo el conjunto de la población, entendida como un colectivo de ciudadanos libres e iguales, sujetos de derechos y obligaciones, sometidos a una misma legislación que no hace distingos entre lugar de nacimiento, clase social, sexo o religión.
Por ello, cuando en una especie de espiral neoforalista, de nuevo se reclaman para según qué territorios una serie de derechos históricos, hacienda propia, privilegios legales, hay que reivindicar el viejo legado de aquellos hombres y mujeres que se levantaron frente a las desigualdades.
Debemos recordar que no son los territorios los sujetos de derechos, sino todos y cada uno de los ciudadanos, en su individualidad. Porque derechos históricos tenemos todos ¿o Toledo no tuvo fuero en la Edad Media? ¿No lo tuvo, e importante, Sepúlveda? ¿No es el fuero de Logroño (1095) inspirador de los vascos?
Una sociedad moderna, avanzada, ha de conocer, y bien, su historia. Pero ésta no puede ser nunca justificación para crear desigualdades entre sus ciudadanos.