Como en otros asuntos que toca la ministra de igualdad, Irene Montero, muchos aspectos necesarios de la protección de las personas transexuales son utilizados para fines distintos a la garantía de los derechos en juego, y sus medidas se alejan siempre de la congruencia (casi nunca tiene que ver, o casi nunca hay relación causa-efecto, entre lo que propone Podemos, y la finalidad protectora que se anuncia).
Cuando se lanzan iniciativas legislativas desacertadas, el daño que se causa al colectivo presuntamente beneficiario es evidente, transmitiendo a la sociedad el mensaje contrario al que se pretende: muchos cerriles en España, están dispuestos a dar la espalda a las necesidades puramente personales, afectivas, relativas a la dignidad e integridad física y moral de las personas trans.
Este rechazo, muchas veces revestido de un humor que oculta el principio de la discriminación, viene del desconocimiento del problema médico, psicológico e identitario, pero se retroalimenta con la utilización descarnada e improcedente de la ministra, que se manifiesta en hacer las cosas siempre regular, con poca reflexión y sin cerrar los perjuicios que causan los pretendidos avances.
¿Por qué, como defendíamos algunos hace muchos años, se lucha por la igualdad del hombre y la mujer, al tiempo que se quiere subrayar la irrupción de terceros géneros o colectivos? La delimitación de cualquier persona incluida en el colectivo LGTBI, debe ser circunscrita a los meros efectos de protección social como colectivo en riesgo de potenciales discriminaciones, pero deberían evitarse más allá de eso, cualquier tipo de propuestas que, alegando ese objetivo, se empecinaran en marcar las diferencias entre seres humanos, personas, no importa el género o si se tiene definido. La clasificación solo beneficia a fines mercantiles y políticos: para detectar nichos de mercado o votantes. Parece lo más respetuoso con la igualdad presente y futura, que el sexo de nacimiento solo sea de interés a efectos de cuidado de la salud (que el sistema sanitario, de cara a la protección de una persona, conozca en su expediente médico el sexo de nacimiento), y más allá de eso, que fuera la voluntad de cada ser humano, manifestar o no la adscripción de género, cuando la sociedad se lo exige por causa justificada (federaciones deportivas, pasaporte para países que sí requieren tal clasificación, etc.). Señora ministra: a la igualdad no se llega permitiendo que un menor de edad decida sin garantías cambiarse formalmente de sexo, como tampoco es solución para el problema de los sueldos de miseria de los cuidadores de niños, que usted nombre a su baby-sitter Secretaria de Estado con el dinero de todos para esa función. Está usted muy desorientada.