Con la llegada a España del nuevo gobierno muy escorado a la izquierda, algunos se vienen arriba atacando las políticas económicas de la Unión Europea y otros organismos internacionales, pues son la única esperanza que nos queda para diluir las pretensiones de malgasto de muchos de estos nuevos salvadores del pueblo. La Unión Europea adopta una política económica común en el marco de los tratados que la fundamentan, pero con pleno acomodo a las constituciones de los países que la integran. La clave de este asunto consiste en comprender que la admisión de una política económica común no puede leerse nunca como la necesidad de seguir una concreta política económica.
Igual que la mayor parte de constituciones del mundo libre, las Cartas de los países europeos aceptan en su seno, y por tanto son plenamente constitucionales, diversas políticas económicas que los poderes constituidos pueden adoptar atendiendo a su realidad, y modificarlas cuando sea menester. No es cierto, por ello, que los Estados sociales y democráticos de Derecho, ni sus uniones internacionales o supranacionales, impongan un determinado modelo económico: la verdad es que pudiendo optar por varios, eligen el que mejor se adapta a la finalidad de conseguir los derechos para sus ciudadanos.
A las sociedades avanzadas no se nos impone el modelo actual: adoptamos el mismo por su practicidad, o simplemente porque históricamente, en carne propia o ajena, hemos conocido otros modelos, igual o menos imperfectos en lo teórico, pero que nos han alejado sistemáticamente de esa consecución material y efectiva. No es este el momento para calificar un modelo de política económica, bajo paraguas de adscripción ideológica ya superados y más propios del Siglo XIX, pero lo que resulta constitucionalmente inobjetable, es que nuestros países tienen libertad para implementar políticas económicas diversas, y que los modelos actuales que recibimos son inclasificables desde parámetros propios de décadas pasadas, al manejar principios básicos de la economía de mercado propia del capitalismo, con mecanismos de redistribución de la renta y la riqueza inspirados en el socialismo, así como controles de muy diversa naturaleza que disciplinan o intervienen la economía a efectos de blindar derechos individuales o colectivos. Despachar el modelo en general, y no las políticas concretas, bajo el calificativo de liberal, capitalista, neoliberal, etc., se presentaría solo como un sesgado desahogo ante acciones y políticas concretas. La Democracia es pues la causa: la ciudadanía quiere un modelo constitucional, y la ciudadanía quiere una determinada política económica dentro de las posibilidades que le otorga la parte económica de esa misma Constitución. Una mayoría tan minoritaria e insostenible como la que se tiene en el Congreso de los Diputados, debería ser consciente de sus limitaciones.