La Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción ultima sus trabajos. Tras escuchar a cientos de personas de todos los sectores que tenían algo que aportar para salir de la crisis, los grupos parlamentarios se reúnen para proponer sus propuestas y alcanzar acuerdos. Dada la fragmentación parlamentaria, la debilidad de los pactos que sostienen a este Gobierno y la imperiosa necesidad de acordar reformas por una amplia mayoría (para que no sean pan para hoy y hambre para mañana), no hay que esperar mucho de esta comisión. Cada uno irá a lo suyo y "lo suyo" no tiene por qué coincidir con "lo nuestro", lo de todos. Hubiera sido mejor que una Comisión independiente hubiera redactado sus conclusiones también independientes y no sometidas al interés partidista.

Hay ya indicios claros en un tema candente, el de las residencias de mayores. PSOE y Podemos quieren potenciar un nuevo sistema nacional de cuidados sociales coordinado con las autonomías, promover un cambio radical en el modelo de residencias y crear una Agencia Estatal de Salud Pública. Nada que oponer después de lo que ha pasado. Lo malo es cuando se analiza la letra pequeña. Las residencias estarán obligadas a elevar su medicalización, deberán tener un paquete de servicios sociales mínimos en todo el territorio y hospitales de referencia. Más aún, el objetivo es que los ancianos sean atendidos en sus domicilios, con una mejora de la ley de dependencia y reforzar simultáneamente con más recursos humanos y materiales el sistema de la sanidad pública. Como ha dicho Echenique, uno de los referentes de este profundo cambio, "que nadie, ningún dependiente esté desatendido, con la cantidad de horas y el personal que necesite, reducir las listas de espera y modernizar las prestaciones". ¿Quién puede oponerse a eso? Incluso el PP podría sumarse al acuerdo, al menos en este terreno sociosanitario.

El problema es que la Comisión tendrá que explicar cómo se conjuga todo eso y la Agencia Estatal con las competencias autonómicas; cómo se puede obligar a las más de 4.000 residencias de iniciativa privada -las públicas son poco más de 1.000- a asumir todo ese gasto sin repercutirlo en quienes las utilicen; de dónde van a salir los fondos para todo ese paquete de servicios mínimos; cómo van a pagar el Estado y las autonomías las plazas concertadas; cómo se va a atender a domicilio a todos los ancianos dependientes si miles llevan años luchando para que se les reconozca su dependencia y, cuando lo consiguen, no se les paga porque no hay partidas aprobadas en los Presupuestos; y, finalmente, de dónde va a salir todo ese dinero y el necesario para crear, como plantean PSOE y Podemos, "300.000 empleos de calidad". Ninguna de las medidas que apruebe la Comisión de Reconstrucción debería ser aceptada sin una exhaustiva memoria económica que garantizara su financiación con criterios objetivos. Pero me temo que ni una sola de esas medidas la tendrá.

Ya saben ustedes la respuesta de los populistas: que pague la Unión Europea y que no exija nada a cambio; que se suban los impuestos a los más ricos; que las empresas -grandes, pequeñas y medianas- y la banca asuman el coste de la crisis y si no lo hacen, que se nacionalicen; que aumente el gasto público sin límite y que nos olvidemos de pagar la disparada deuda pública. Y que partidos como el PP no sean "traidores" y apoyen todas estas medidas. En serio, ¿el PSOE, con toda su historia, no es consciente de dónde va de la mano de Podemos y con el chantaje permanente de ERC y PNV o con los pactos antinatura con Bildu? ¿Qué país quiere "reconstruir" el Gobierno de Pedro Sánchez? ¿El suyo o el de todos?