El Ministerio de Agricultura, como el resto de los departamentos, se ha visto afectado en los últimos años por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado que, de alguna manera, ataban o limitaban las actuaciones de sus responsables, así como por la situación continuada de gobiernos casi en funciones en medio de los diferentes procesos electorales y una estabilidad legislativa como para plantear nuevas normativas. En este contexto, la realidad es que, debates y negociaciones sobre el futuro de la Reforma de la Política Agrícola Común al margen, la nota dominante no ha sido la política agraria a medio y largo plazo, sino trabajar fundamentalmente en la problemática coyuntural, aún a sabiendas, por parte del equipo de Atocha, de la necesidad de afrontar cambios más profundos para adecuar el sector a la situación de unos mercados más globalizados, con más barreras comerciales, desde una posición más competitiva.
En este contexto, el inicio de una nueva legislatura, a pesar de las dudas que dispara la composición de la coalición gubernamental, se quiere mirar, de entrada, como la posibilidad de disponer de un período suficiente para poner en marcha un programa que siente las bases a medio plazo para hacer frente a los retos del sector, además de la culminación de una reforma de la PAC con recursos suficientes.
Para el sector agrario, es un primer dato positivo que el Ministerio sigue siendo el de Agricultura, lejos de los inventos de los años precedentes, sigue el ministro y sigue el eje de un equipo ya muy curtido en la materia que, en parte, viene ya desde los populares. Desde la perspectiva de los contenidos o competencias, no se han hecho nuevos inventos, para dar ni para quitar. En este momento, no existe solamente una idea clara sobre dos cuestiones como el Bienestar Animal, ante el nuevo departamento general sobre Bienestar Social, o para el Desarrollo Rural, ante las competencias globales sobre despoblamiento que se han incorporado al departamento de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Sobre bienestar animal, al nuevo departamento se considera que podría incluir a animales de compañía y animales en espectáculos, pero no la situación de las reses en las explotaciones ganaderas, que seguirían en Atocha. En el caso de Desarrollo Rural, ligado a fondos comunitarios, las competencias se mantendrían en Agricultura. Las actuaciones de la nueva estructura del Ministerio de Transición para lucha contra el despoblamiento, no supondrían asumir las que hoy tienen otros ministerios o Comunidades Autónomas en materias como educación, sanidad, transportes, o infraestructuras, sino operar con una mayor coordinación en el medio. Zapatero ya constituyó en su día una Comisión Interministerial, GISA, con la que se trataba de impulsar una estrategia global para el medio rural coordinando las políticas de los departamentos más directamente implicados en los territorios. La Comisión nunca funcionó y la España abandonada se vació más.
Con los presupuestos prorrogados, los responsables de Atocha han tenido en los últimos años, no solo con el gobierno de los socialistas, las manos atadas para acometer nuevas actuaciones y a la vez, una razón para justificar la imposibilidad de adoptar nuevas medidas de gasto. 
Uno de los ejemplos más significativos fue el seguro agrario, amarrado a una subvención de 211 millones de euros que, anualmente en los últimos ejercicios, se hubo de complementar con créditos extraordinarios que, sin embargo, no evitaron fuertes subidas las primas a pagar por el agricultor.
En unas legislaturas dominadas por la incertidumbre sobre su duración, la actividad legislativa ha sido escasa, tanto para nuevas disposiciones, como para corregir algunas que se han quedado viejas e ineficaces. Con los mismos argumentos de interinidad, el día a día, envuelto por la obligada dedicación a la cosa comunitaria, ha sido la nota dominante que ha supuesto, además, dejar en los cajones otras medidas sobre la política agraria que los responsables saben además que tienen que aplicar.
Tas el nombramiento del nuevo gobierno y la próxima aprobación de unos presupuestos, el sector necesita una etapa de cierta estabilidad y continuidad para tener la posibilidad de abordar la política agraria con la mirada en el medio y largo plazo y afrontar actuaciones que se han quedado en los cajones en los últimos años. En esa situación estaría la respuesta a la Ley de la Cadena y abordar la venta a pérdidas. Es importante seguir con los procesos de reordenación o reestructuración de importantes sectores de la producción como son los ganaderos, donde ya se han puesto en marcha algunas disposiciones y seguir con otros clave como el vino, el aceite, la fruta de hueso o los cítricos. Además de los ingresos por las operaciones de venta en los mercados y el inicio de las medidas de autorregulación a partir de este año en vino o en el aceite, es importante un mayor seguimiento de los precios de los medios de producción, al igual que se hace con la cadena alimentaria donde se impone que, finalmente, se modifique la Ley para mejorar la distribución del valor final de cada producto, o se evite la venta a pérdidas.
No ha funcionado como se esperaba la Ley sobre integración asociativa y, en su conjunto, es fundamental abordar el modelo cooperativo al que sobran reivindicaciones en línea con las demandas de las organizaciones agrarias y le faltan estrategias para la gestión y el control de los mercados en sectores donde son los productores dominantes y donde deberían asumir más responsabilidades frente a los oligopolios o la industrias. Es importante dar un salto para implantar las nuevas tecnologías en el medio y diseñar otro modelo para la transferencia del conocimiento y asesoramiento a las explotaciones, algo que, históricamente, hacían las Agencias de Extensión Agraria; para modificar viejas disposiciones como la Ley de Modernización de Explotaciones y sacar adelante iniciativas sobre las que ya se trabaja como una Ley de Bases de la Agricultura o impulsar el Pacto Nacional del Agua; en definitiva, para tratar de construir un sector agrario nuevo preparado para operar con éxito en mercados internacionalizados.
Desde el sector se reclaman posiciones más duras en Bruselas como en la crisis del aceite. En España, se pide al ministro que rompa más lanzas en apoyo de la actividad agraria frente a los ataques, de animalistas y ecologistas, defendiendo la apuesta de los ganaderos por el bienestar animal o el papel del sector en la lucha contra el cambio climático.