A Sánchez y a sus compañeros de Gobierno no se les va de la boca la palabra bloqueo, culpan a la oposición de todos los males de los que se les acusa. No está hilando fino la oposición, sobre todo la del PP, que es la que ejerce el liderazgo antigubernamental. Ni acertó al negarse a ofrecer a Pedro Sánchez un pacto de legislatura, lo que habría cortado por lo sano su discurso victimista de que se le impedía formar Gobierno, ni tampoco acierta ahora al negarse a cualquier tipo de negociación sobre la renovación de las instituciones del Estado. Aunque en favor de la posición tan drástica del PP, que reconsiderará en su momento, hay que decir también que las primeras decisiones de Sánchez no facilitan las cosas.
No por no llamar a Pablo Casado –a ver si el líder del PP deja ya de quejarse amargamente y toma iniciativas de una vez que obliguen al presidente a descolgar el teléfono- sino porque algunas de ellas son tan disparatadas que hacen muy difícil que cualquier personaje con una mínima entidad tenga ganas de negociar nada con Pedro Sánchez. A no ser que esté obligado a hacer la ola al presidente por militancia o porque le debe el cargo.
Así y todo, han surgido voces que no se achantan ante el presidente y no están dispuestas a aceptar de buen grado sus propuestas. De momento, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado que la Generalitat pueda reabrir las “embajadas” que se cerraron en varios países a raíz del 155. Sin embargo, al gobierno de Sánchez le había faltado tiempo para aprobar que se abrieran nuevas embajadas en Argentina, Méjico y Túnez. Nuevo choque entre el gobierno e instituciones judiciales.
A lo mejor tiene que ver con lo que defendió Sánchez en su discurso de investidura, que se diera paso a la política en vez de intentar que su judicialización marcara la agenda. Tendría fuerza ese discurso si Sánchez no hubiera dado muestras sobradas de que está dispuesto a bailar el agua a sus socios independentistas y nacionalistas dejando de lado las decisiones de jueces y fiscales. La prueba última es la designación de Dolores Delgada como Fiscal General del Estado. Ha conseguido el visto bueno del CGPJ por la mínima y con calzador. Un toque de atención a un gobernante que cree que a la Justicia se la puede manejar a conveniencia presionando en el lugar adecuado.
Josep Borrell, hoy miembro de la Comisión Europea, siempre estuvo en contra de las llamadas legaciones catalanas porque sabía perfectamente que de embajadas tenían poco, pero mucho de propaganda del independentismo costeada con el dinero de todos los españoles, El Tribunal que importe justicia en Cataluña es del mismo parecer. Sánchez no, porque teme que ERC le retire su apoyo si no atiende las demandas del Gobierno regional.
Es la guerra del sanchismo contra los que imparten justicia.