El acuerdo suscrito por Sánchez e Iglesias es un documento de grandes intenciones, que se pasa de páginas por el ritual político de duplicar los becarios y becarias, expertos y expertas y hasta bombero y bombera. Y sin embargo le faltan las páginas de una memoria económica, necesaria para poder estimar el impacto presupuestario de las medidas de gasto social. ¿Quién va a pagar tanto progreso? Sin contar el montante adeudado por la compra de votos para la investidura.
Los objetivos son generalidades, como: «Integración de los principios de buen gobierno y responsabilidad social corporativa» o «asegurar España como país de memoria y dignidad». Pero las concreciones que van apareciendo revelan una ideología de extrema izquierda que era la que volvía insomne a Sánchez hasta que le llegó la hora de su milagrosa conversión.
El espíritu del acuerdo es rechazar el neoliberalismo económico como causante de los males que padece la clase trabajadora en su calidad de empleo, estabilidad laboral y bienestar social, al ser un sistema que busca incrementar el poder de las elites financieras y empresariales, con el supuesto efecto de que su progreso beneficie a toda la sociedad. En España la protesta anticapitalista nació el 15-M, con el movimiento de los indignados de donde nació Podemos.
Sin negar su meritoria lucha por la libertad, otros rechazan el comunismo como una obsolescencia ruinosa, que ataca a la propiedad privada y al libre mercado y que sobre la creación de la riqueza prima su distribución. Por este igualitarismo y para evitar que uno coma más que otro, al final consigue que los dos pasen hambre, como es el ejemplo de Venezuela.
El aumento del gasto público necesita una gran subida de impuestos que, aunque se diga que se hará a costa de los ricos (sólo son un 4%, que poco dará de sí), quien lo pagará será la clase media, pymes, autónomos y los mismos trabajadores a los que se pretende beneficiar, al castigar la inversión, dificultar el asentamiento de empresas y reducir el crecimiento.
Para anular la actual reforma laboral se derogará el punto 3 del artículo 315 del Código Penal que trata de frenar la acción violenta de los piquetes, con lo que el derecho fundamental al trabajo quedará limitado frente al derecho de huelga. También se va a derogar la prioridad de los convenios de empresa sobre los de sector, lo cual perjudica el desarrollo empresarial. En la vivienda subyace un espíritu okupacional y en la educación un suspicaz control. Lo chocante es que entre la solemnidad del texto aparezcan medidas tan concretas y accesorias como bajar el IVA de los productos de higiene femenina o la «recuperación inmediata del Pazo de Meirás».
Pero lo peligroso de este convenio son las ambigüedades e inconcreciones que facilitan la vía a su aplicación arbitraria: «Se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas», «los procesos de denuncia y judiciales tengan perspectiva de género», «se estudiarán obligaciones adicionales para los grandes tenedores de vivienda», etc. La tesis marxista invoca la libertad pero con una praxis intervencionista, y esa ambigüedad del acuerdo lo sitúa en la posición de stand-by desde donde decretar cuando convenga tanto lo prohibido como lo obligatorio.
Lo realmente positivo es la declaración del inicio del capítulo 9: «El Gobierno apostará por una España fuerte y cohesionada». Sería maravilloso que, a estas alturas, pudiéramos creérnoslo.