Los vericuetos de la actualidad nos han regalado esta semana el conocimiento público de uno de los secretos ocultados a los anestesiados españoles en los pactos para la formación de gobierno: lo que pactaron Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, el PSOE y ERC, para que los independentistas facilitaran la investidura de Reyes Magos. O mejor dicho, una de las cosas que pactaron y no explicaron a una opinión pública a la que se le sigue guiando televisivamente por el camino correcto, que es el juicio sumarísimo a la oposición y a la “ultraderecha”, como si fuera ella quien gobierna en España. El acuerdo contempla una reforma legal para que el delito de sedición tenga menos castigo de cárcel que en la actual tipificación. En palabras de la portavoz del Ejecutivo, con su lenguaje viscoso y embarrado, adecuar el Código Penal a las nuevas circunstancias que son cambiantes, porque la realidad está por delante del Código Penal. Así lo dijo esta semana en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa.
Para disfrazar el favor a los socios políticos, el cambio se va a acompañar de otras reformas que nadie osaría contradecir, como la consideración de agresión sexual para cualquier abuso y la agresión al medioambiente como delito agravado. María Jesús Montero dice que se trata de que “el Código Penal acoja aquellas figuras penales en función de las circunstancias y la realidad, de la actualidad que tenemos en el día a día”.
Nuevas circunstancias. Ahí está la clave de todo. Nunca se había cometido un fraude electoral como el que Pedro Sánchez y el PSOE han perpetrado este invierno, que raya en la ilegitimidad aunque para tranquilidad de sus autores está dentro de lo legal. Nunca un presidente había dependido para alcanzar y mantenerse en el poder de fuerzas políticas que buscan el permanente deterioro del país al que muy a su pesar pertenecen. Nunca se había mentido de semejante forma a los españoles desde aquél engaño de la entrada en la OTAN, aunque esto de ahora supera al filibusterismo que, por el bien del país, cometió Felipe González en los años ochenta al prometer una cosa para ganar las elecciones y luego hacer la contraria cuando ya estaba gobernando. La gran diferencia de ambas mentiras de Estado es que mientras uno buscó lo mejor para los ciudadanos al amparo de una coalición internacional de defensa de las libertades y los derechos según los entendemos en Occidente, su sucesor ha buscado sólo su beneficio personal y la forma de colmar sus ambiciones políticas.
El Gobierno ha seguido mintiendo a los ciudadanos desde que el lunes el presidente anunciara la reforma, al asegurar que suavizar el delito de sedición no tiene nada que ver con la mesa bilateral entre Moncloa y la Generalitat, en contra de lo que sus peligrosos socios afirman.