Urge abordar la cuestión social en España, pero no a salto de mata, sino de una manera sistemática y global. No basta con dar un empujoncito a los salarios; hay que hacer un estudio en profundidad para poner en claro y explicar a la ciudadanía lo que ocurrió en nuestro país con la crisis, la reforma laboral y la salida de la crisis; los que se beneficiaron de la crisis, los que salieron de ella irremediablemente dañados, los que pagaron el pato y los que darían cualquier cosa porque tuviéramos otra de similares características.
La crisis lo alteró todo, sembró el miedo entre quienes no habían tenido culpa alguna, y dio pábulo a quienes con la excusa de que había que sacar al país del profundo hoyo en que «los socialistas lo habían precipitado» (sic), permitieron todo tipo de arbitrariedades, aprovechándose de una reforma laboral que fue sin duda el palo más grande que ha recibido la clase obrera española en cien años. Ni Franco habría permitido semejante atropello a la clase media y a la clase trabajadora.
Con la reforma laboral se instauró el salvajismo económico que Esperanza Aguirre y los suyos calificaban de liberalismo –la de atropellos que se habrán perpetrado bajo esa dichosa palabra, mal entendida, claro está–. El resultado a la vista está: los datos no pueden resultar más demoledores: el número de millonarios se quintuplicó desde 2010 a 2019, pasando de 170.000 a 980.000, espectacular, vamos, merced, sobre todo, a la desvalorización de los salarios y al tirón de la exportación. Y como ocurre en estos casos: lo que unos se llevan es a costa de lo que otros no pueden ingresar. Casi un millón de millonarios frente a una masa de población empobrecida, un brutal ataque a la clase media, y una juventud, muy formada, sí, pero obligada a tomar el petate, como antaño sus abuelos, y buscarse la vida fuera de España. Y todo eso con la aquiescencia de don Mariano Rajoy y los suyos, que, en quince años, le dieron la vuelta al país, alterando unas estructuras más o menos estables desde la instauración de la democracia, provocando un décalage enorme entre ricos y pobres y, de paso, el derrumbe del PP y la caída de Rajoy y su equipo.
Todo el mundo sabe que el statu quo actual, además de injusto, es insostenible y amenaza con llevar al país a la quiebra. Con los salarios españoles actuales es imposible mantener la sanidad, las pensiones, la educación y, en resumidas cuentas, el Estado de Bienestar. Urge, pues, hacer una planificación global, un proyecto social y económico de largo alcance, con sus correspondientes ajustes, que eviten que unos cientos de miles de ciudadanos avispados y con escasa conciencia, empresarios, especuladores y ‘listillos’ sigan aprovechándose de la situación actual para hacerse de oro a costa del sudor ajeno. Buena prueba de ello la tenemos en estos primeros estallidos de los campesinos extremeños y andaluces, que ven cómo las ganancias se las reparten los que jamás cogen un tractor, en tanto que ellos apenas cubren gastos. Es la eterna historia. Y es que son tantos los problemas acumulados en estos dos últimos lustros, que no le queda más remedio a este nuevo Gobierno que ponerse el mono de trabajo y olvidarse al máximo, si le dejan, de la cuestión catalana, que absorbe todas sus energías. Ya está bien de Cataluña, se oye por doquier. Ya está bien que el foco mediático permanezca un día sí y otro también centrado en los Torra, Rufián, Puigdemont y compañía. Y todo ello, mientras la mafia pujolista sigue campando a sus anchas sin pagar los desafueros y latrocinios perpetrados. Mal asunto si no se toma de una vez el toro por los cuernos y se inicia una política tendente  a recortar el abismo entre ricos y pobres. Hasta Europa, tan atribulada con el Brexit, empieza a dar serios avisos a España por su escandalosa política de reparto de beneficios.