La solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental de dos proyectos en Toledo para la creación de la planta solar fotovoltaica 'La Campiña 225 MWp' ha encendido todas las alarmas en la ciudad. En total, se trata de 499.980 paneles solares que se instalarán en dos parcelas, una de 107 hectáreas en la dehesa Zurraquín y otra de 399 hectáreas en Valdecaba.

La empresa que está detrás de este macroproyecto solar es 'Lilasol Desarrollos España Sociedad Limitada', cuyo administrador único es un ciudadano alemán llamado Patrick Metzger y cuyo socio único es Grupo Viridi, una empresa germana especializada en levantar fotovoltaicas bajo la fórmula del 'EPC Background'.

Esta denominación inglesa engloba trabajos de ingeniería, adquisición y construcción (EPC, por sus siglas en inglés) y son una especie de contrato tipo 'llave en mano'. ¿Qué significa eso? Pues que como en los pisos de obra nueva, esta empresa se encarga de sacar adelante el proyecto y construirlo para únicamente tener que darle la llave de su nuevo negocio a un futuro propietario que solo tendrá que encender las máquinas para comenzar a generar energía solar.

  Grupo Viridi, y su CEO Patrick Metzger, tiene al menos otros 33 proyectos en España, que comparten casi idéntica formulación. Son sociedades limitadas están bautizadas con la suma de nombre -casi siempre de árbol o planta- y luego la coletilla de 'Desarrollos España' o 'Desarrollos Fotovoltaicos España'.

Toledo capital no es el único caso, y desde 2020, en la cercana localidad de Méntrida, este mismo grupo promueve otra macro fotovoltaica junto a otras empresas de diferentes formulaciones. En total, un 25% del término municipal de Méntrida (2.500 hectáreas) será ocupado por placas solares si todo sale adelante, aunque de momento tanto vecinos como Ayuntamiento han presentado alegaciones a todos los proyectos, que cuentan también con apoyos en el pueblo.

El problema de este tipo de macro fotovoltaicas es que lleguen a tramitar una Declaración Utilidad Pública, lo que les abre la puerta a agilizar los trámites y la ocupación de los terrenos necesarios; incluso mediante la expropiación. De momento esto no ha sucedido en la provincia, pero sí en otros puntos de la región, como Guadalajara.