El Ayuntamiento de Toledo se ha propuesto «mejorar la convivencia y la inclusión» en la ciudad con el fin de abordar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ypara ello quiere dotarse de una secretaría técnica externa que se encargue de llevar a cabo procesos participativos comunitarios. Para ello ha sacado a licitación por 240.000 euros un contrato para que una entidad o empresa aporte asistencia técnica y ofrecer así soporte y apoyo material en el desarrollo de los trabajoscon intención de implementar una metodología de trabajo de intervención comunitaria. Con ello, se pretende dotar de un equipo que, junto al personal técnico municipal, gestione y ejecute procesos de participación social a partir de una estructura organizada. El modelo que se busca es el que lleva ya a cabo IntermediAcción en el Polígono, que ha permitido generar una estructura organizativa de participación, con la intervención de técnicos, ciudadanos e instituciones y que ha pretendido dar respuesta a las necesidades del barrio.
Según se puede observar en las condiciones del pliego municipal, el objetivo es «fortalecer territorialmente todo lo que existe de forma previa, reforzarlo, conectarlo, a través de un equipo específico mixto y metodología comunitaria con la que impulsar medidas y procesos de transformación social» en los objetivos de Desarrollo Sostenible que pretende aplicar la ciudad en un futuro.
Parece difícil de explicar hasta que no salga a la luz, pero esta estructura pretende cambiar la participación de los distritos o barrios e implementar a todos los actores posibles de instituciones, profesionales, asociaciones y la ciudadanía. Aunque, eso sí, el Ayuntamiento se reservará en todo momento la potestad de preservar sus políticas públicas, así como de realizar objeciones y modificaciones a las orientaciones presentadas por los actores de este nuevo instrumento participativo, o sea algo similar al formato actual en el que las propuestas aprobadas en los Consejos de Participación Ciudadana no son vinculantes.
El precio del contrato para las entidades interesadas es de 120.000 euros, pero al ser un contrato de dos años, este llegaría a los 240.000 euros. Además, el marco llevaría consigo, al menos, cuatro contrataciones de personal, una dependiente del Consistorio y como mínimo, otras tres, dependientes de la empresa adjudicataria. Según el pliego, los candidatos a estos puestos de trabajo deberán tener conocimientos en investigación social; dinamización de reuniones; trabajo en redes; mediación y resolución de conflictos; trabajo previo en administraciones públicas; y experiencia en los colectivos prioritarios como juventud, infancia, salud o vivienda.
Esos conceptos mencionados serán las bases de las mesas sectoriales en las que se dividirá esta estructura de participación comunitaria, y se sumarán algunas otras más como una mesa de empleo, otra de éxito en los barrios o de turismo y patrimonio cultural. Mesas que se llevarán a cabo en los diversos distritos o barrios y que el pliego estima que este instrumento abordaría en unas 109 reuniones al año entre los diferentes grupos de gestión participativa.