«Los altos precios del carburante no son nuestra culpa»

Mario G. Gutiérrez
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Javier de Antonio, presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la provincia de Toledo y de Fedeto, compareció en rueda de prensa para recalcar que las estaciones de servicio están supeditadas a las medidas del Gobierno

Javier de Antonio y Manuel Madruga comparecieron ante "una situación dura". - Foto: David Pérez

Los carburantes vuelven a terner precios desorbitados y eso se nota en el bolsillo del consumidor. A pesar de que, tal y como confirma Javier de Antonio, presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la provincia de Toledo y de Fedeto, la facturación "no se ha resentido", recalca que eso es un dato que no es real puesto que los usuarios siguen realizando repostajes "medios de 10 o 20 euros" pero realmente se están llevando la mitad de carburante a causa de los precios. Por ello desde la asociación de Estaciones de Servicio, demandan al Gobierno central que las medidas a adoptar son otras, puesto que lo que realmente repercutiría en el precio final sería bajar el impuesto al carburante del 21% al 10%, y la cuota de biocarburantes que se obliga a fabricar por ley, algo que según explican "encarece el producto". Esta petición, según explica De Antonio, no es algo nuevo, puesto que ya se demandó antes de que el Ejecutivo adoptase la rebaja de 20 céntimos en el litro, pero que "a todas luces no ha surtido efecto ya que los precios siguen disparados", a lo que habría que añadir los sobrecostes en la adecuación de los software en la estaciones de servicio que van entre 1.200 euros y 3.300 euros en algunos casos, lo que lleva a estas entidades a estar "financiando la fiesta de otros".

Quiso aprovechar la oportunidad el presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la provincia de Toledo para contradecir las declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que en la jornada de ayer acusando a las gasolineras de hinchar los precios y amenazando con retirar el descuento de 20 céntimos. Ante estas acusaciones, De Antonio explicaba que "para el sector es mejor un precio bajo, porque los márgenes son por litro vendido y cuanto menor precio, más litros se venden", concluía. En lo que si se mostraba más optimista era en la duración de la medida, que atisbó que se prolongará más allá de la fecha incicial de conclusión, situada en el 30 de junio.

Junto a De Antonio, compareció también el secretario general de la Federación Empresarial Toledana, Manuel Madruga, quien acentuó que se trata de un "Ministerio de la desvergüenza", arremetiendo contra la subida de los precios, la presión fiscal por encima de los cuatro puntos y una renta per cápita que "ha bajado entorno a dos puntos respecto al PIB". Una situación en la que, según Madruga, hay que tener en cuenta que el "gasto público está disparado y roza los 28.000 millones de euros", que no se revierte en el bolsillo de los ciudadanos.

REFORMA LABORAL. Preocupación también despierta en la patronal la recién desarrollada reforma laboral y las demandas de los sindicatos de una subida de sueldo entre el 6% y el 8% a causa de la inflación, algo ante lo que el propio Madruga pedía cautela, puesto que si las cosas son "como la ministra dice", se habría "tocado techo", pues "no sería necesaria ninguna revisión. 

Lo que si apercibe el secretario general de la federación toledana es el hecho de que las medidas adoptadas para abordar la inflación son "coyunturales",  y no servirán para "atajar el problema de raíz". Algo que catalogó como "postureo político",  ya que abogó a sentarse y "abordar los temas que realmente preocupan a la gente de la calle", puesto que se reafirmó en que la reforma laboral no ha sido más que un baile de denominaciones, y en unos meses volverá a aumentar el paro, ya que la actuación de esta ley no tiene en cuenta los cambios del mercado, poniendo como ejemplo los 109.000 puestos de empleo cualificado no cubiertos frente a los 3,5 millones de parados que hay en España, algo que lejos de solventar, además "el Gobierno nos señala con el dedo".

Madruga auguró un "otoño caliente" en las negociaciones puesto que no se pueden atender las demandas que realizan ciertos colectivos en materia laboral y avisó de que "nos abocamos a un periodo de recesión", a tenor de los datos arrojados por AIReF, que estima un déficit de las CCAA del 0,8% del PIB en 2021 y alerta del riesgo de un mayor desajuste a partir de 2022.