El Consejo de Ministros de ayer dio luz verde a un paquete de medidas de muy distinta naturaleza, pero entre ellas destacan algunas como la reforma del Código Penal, que por la trascendencia de lo que supone retocar esta materia empequeñece cualquier otro asunto abordado. Sin restar importancia a la subida del salario de los funcionarios en un 2% -en la línea de lo que ya dejó previsto el último Ejecutivo del PP con Cristóbal Montoro al frente de Economía y Hacienda- o a que se haya dado luz verde a pagar a las comunidades autónomas más de 100.000 millones de euros por las entregas a cuenta, lo que más atención de fondo reclama es el anuncio de cambios en el Código Penal. 

El Gobierno parece plantearse que esta reforma incluya modificaciones en la tipificación de delitos como los del procés y uno de los argumentos que plantea es que el marco jurídico actual no se corresponde con los tiempos. No hay lugar a duda de que las sociedades evolucionan, y muy frecuentemente de manera más rápida de lo que lo hacen las normas. Sin embargo, la coincidencia del interés por este cambio con la necesidad del Gobierno de satisfacer al mundo soberanista catalán en sus demandas tras lograr su abstención para la investidura lleva a sospechar sobre la existencia de una relación causa efecto. Si, por ejemplo, se suavizara el castigo por el delito de sedición, por el que fueron condenados los algunos de los acusados por el 1-O, los presos que cumplen condena hoy por este tipo penal se beneficiarían por el carácter retroactivo que cualquier modificación del Código Penal aplica sobre los condenados por delitos objeto de los cambios.

La intención del Gobierno es clara, porque ya lo anticipó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una reciente entrevista en televisión. En su opinión, para determinados asuntos el actual código se ha quedado obsoleto. También parece posible la disposición a que esta reforma se haga contando con el mayor consenso posible según expresaron ayer desde el Ejecutivo. Alcanzar la mayoría absoluta del Congreso, con 176 votos, sería suficiente para sacar adelante los cambios que tiene en mente, entre los que también figuran otros en materia de igualdad. Pero el nuevo texto nacería cojo. Como ocurrió para conseguir la investidura, Sánchez recurrirá a formaciones minoritarias para sumar apoyos, pero debe hacer el esfuerzo de negociar y pactar con Partido Popular, Vox y Ciudadanos el nuevo texto penal. La posibilidad de que pueda producirse alguna aproximación con el partido de Santiago Abascal es remota, pero debe hacerlo de la misma forma que con el resto de grupos parlamentarios de la oposición. El Código Penal está por encima de los partidismos y debe ser útil para un periodo de tiempo que trasciende a las etapas políticas y a los partidos en el poder. Sánchez tiene una oportunidad para mostrar talante y moderación ante una cuestión de gran envergadura.