Un grupo de toledanos con familiares residentes en centros sociosanitarios ha protestado contra la decisión de cerrar las visitas a estos lugares que lleva aparajeda la imposición del nivel 3 en Toledo. En una carta firmada por varias decenas de afectados, y enviada tanto al presidente de Castila-La Mancha, Emiliano García-Page, como al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, han lamentado que sus allegados «no pueden recibir visitas y vuelven al encierro al que han estado castigados durante más de un año, en los últimos meses sin ninguna justificación sanitaria que avale esta cruel decisión».

En su carta, han recordado «que los mayores han recibido las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus hace unos meses, que es un colectivo que incluso ha superado la enfermedad, en muchos casos cuando permanecían confinados en sus habitaciones, sin contacto con sus familiares, mientras la Junta campaba a sus anchas pisoteando sus derechos bajo la excusa de que "debían protegerlos"».

Los firmantes lamentan que, pese a la retórica gubernamental, Castilla-La Mancha está «en los primeros puestos en España por muertes en residencias durante esta pandemia».

Además, este colectivo ha señalado los inconvenientes que esta decisión puede generar entre las personas mayores. «Los propios geriatras se oponen a esta práctica a la que nos tiene acostumbrada la administración de Castilla-La Mancha, ya que solo contribuye a que se acelere el deterioro cognitivo de los mayores». Los allegados aluden al bienestar de sus familiares y señalan que a los miembros de la Administración regional «la salud emocional les importa bien poco». Al respecto, exigen conocer quiénes forman parte del «comité científico que ha determinado ese perpetuo encierro, si es que existe».

El agravio comparativo respecto a otras actividades es otro de sus motivos de queja. «Hemos comprobado que la presión de los hosteleros ha provocado un cambio en las medidas en el nivel 3, con la apertura del interior de los locales en el porcentaje que su gobierno ha estimado oportuno. Exigimos un cambio de medidas también en las residencias. No es de recibo que centros sin Covid se hayan convertido en las nuevas cárceles del siglo XXI para nuestros mayores, mientras el resto de los ciudadanos podemos viajar, ir a un bar o reunirnos con quien nos parezca oportuno».

El nuevo cierre y la clausura de visitas en los geriátricos, es, según los firmantes, «un atentado contra los derechos fundamentales de los residentes, que esperemos que detengan los tribunales».

En el cierre de la carta, han proclamado que «los mayores no merecen el desprecio que han sufrido por parte de su gobierno. Y los familiares, a quienes desde su gobierno han hecho caso omiso, no nos rendiremos ante abusos que rozan el maltrato institucional hacia un colectivo que están obligados a defender. Tenemos esperanza de que el fin del estado de alarma suponga también el punto final a esta política inhumana con el colectivo más vulnerable y al que más le debemos en nuestra región».