«Vamos a ser estrictos en lo que debe ser la Ley del Patrimonio». Así frenó el diputado socialista Fernando Mora las aspiraciones de los parlamentarios de PP y Ciudadanos de aprovechar esta normativa para modificar artículos que ayuden a luchar contra la despoblación aprovechando los inmuebles de la Administración o bien a combatir la ocupación ilegal en las viviendas públicas.
Hoy había Comisión en las Cortes para debatir las enmiendas a la Ley de Patrimonio de la Junta. No es una normativa sobre el patrimonio cultural o histórico de la región, sino de los bienes que tiene la Administración autonómica. Los socialistas no presentaron ninguna enmienda y con su mayoría absoluta solo aprobaron una de las veinte del PP y tres de las doce de Ciudadanos. Casi todas las que salieron adelante tenían matices de redacción, aunque también se incorporó al texto una propuesta de la formación naranja que precisa que para una adjudicación hay que publicar los criterios en un anuncio y que estos sean formulados «de manera objetiva».
El diputado del PPde Cuenca, Benjamín Prieto, que además es alcalde de un pueblo pequeño, Fuentelespino de Haro, defendió que «si la Administración regional tiene viviendas que no se estén utilizando en el mundo rural, que otra administración la pueda utilizar», refiriéndose especialmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El socialista Mora respondió que la ley permite esas cesiones a otras administraciones y que no es necesario precisar. «Ha habido cesiones de locales o terrenos para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y para otras necesidades», recordó.
También el PP propuso enmiendas para permitirá la «adjudicación directa» de inmuebles cuando se destinen para actividades que incidan en el desarrollo rural y en la fijación de población. Aquí el socialista Mora explicó que incluir este tipo de propuestas sería «desvirtuar la ley». «Estas cuestiones se van a presentar próximamente en una norma relativa al despoblamiento y creo que es ahí donde debe encajar», manifestó.
El diputado de Ciudadanos, David Muñoz, defendió entre sus enmiendas dos que van dirigidas a luchar contra la ocupación ilegal de vivienda pública. Mencionó como ejemplo que así está ocurriendo en un bloque de la calle Joan Miró de Puertollano desde hace años. Lo que propone es que «en lugar de ir al juzgado, se pueda utilizar la figura del desahucio administrativo». Aseguró que es mucho más ágil.
El PSOE tampoco lo aceptó. «No es este el lugar, sino que sería otro ámbito de tratamiento», justificó Mora. Se remitió a una proposición de ley que se va a empezar a tramitar en las Cortes contra la ocupación ilegal, aunque será una ley que dependa luego de la aprobación en Madrid, pues la región no tiene competencias.