¿Es el momento? ¿Podemos ya empezar a convivir con la COVID como si fuese una simple gripe? Esos son los dos grandes interrogantes que ha dejado en el aire el nuevo protocolo de la pandemia, que elimina las cuarentenas obligatorias para los positivos leves o asintomáticos y que suprime también los odiados test con el hisopo por la nariz. 

Desde el pasado lunes, España dejó de contar todos los positivos de coronavirus para centrarse solo en los casos graves y en los entornos vulnerables, una nueva etapa que finiquita el aislamiento de las personas con síntomas leves o sin ellos, las pruebas generalizadas y también los rastreos a contactos con positivos. La cuarentena, de solo siete días, queda restringida a quienes tengan síntomas o quienes no teniéndolos, sean personas vulnerables (por su edad o su estado físico), vivan en residencias o pertenezcan al personal sanitario.

Ha sido, en definitiva, una decisión del Gobierno para gripalizar el coronavirus y normalizar la situación de la pandemia.

Pese al alcance del asunto, la modificación de la hoja de ruta no ha obtenido el consenso médico. Los posicionamientos difieren entre aquellos especialistas que sostienen que la tendencia a la baja de la incidencia del virus admite un relajamiento y quienes advierten que es demasiado pronto para bajar la guardia ante un virus que ha causado la muerte en España a más de 102.000 personas, según las cifras oficiales. 

Entre los primeros, se encuentra la doctora María Fernández, presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, que defiende la necesidad de cambiar la forma de gestionar la enfermedad pasando a «un modelo de control y abordaje de la pandemia». 

 Y pone encima de la mesa, argumentos sanitarios que avalan su tesis. «Es bueno -manifestó en Onda Cero- porque normaliza la asistencia sanitaria, dejando de hacer cosas que no nos aportan valor y permite además tener siempre un buen sistema de vigilancia que nos alerte de cuándo tenemos que volver a cambiar en nuestra manera de proceder».

La flexibilidad del nuevo enfoque es otro aspecto a destacar. «Es una medida reversible porque si la situación epidemiológica cambia, tendríamos que volver a un escenario de niveles más elevados», señaló pensando en un repunte preocupante de los casos o bien en una nueva ola asociada a la irrupción de otra variante.

Sin embargo, no dudó en hacer también un llamamiento a la prudencia: «Mantengamos las medidas de protección frente a infecciones respiratorias en las personas más vulnerables», subrayó. 

Al hilo de su recomendación, insistió en que «todo debe estar sustentado en un sistema de vigilancia basado en médicos centinela y en otros sistemas de control hospitalario por la aparición de las nuevas variantes».

Reproche a las prisas

En el otro lado de la trinchera médica están las voces que reprochan las prisas del Gobierno y también de las Comunidades Autónomas por querer normalizar una realidad tozuda que no permite aflojar el paso. Y quien más se ha significado en esta línea es el doctor Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, que considera que no es el momento adecuado para modificar los protocolos. «Se ha querido adelantar los acontecimientos en una situación que lo que requiere todavía es una vigilancia estrecha», subraya.

Fue también contundente al advertir que el nuevo camino frente a la COVID carece de criterio científico y epidemiológico y considera además que supone una vuelta a períodos prepandémicos en los que «solo queda la clínica», lo que supondrá perder dos años de avances de diagnóstico y dejar sin identificar muchos casos. Aunque reconoció también que aunque es bueno volver a «una normalidad y convivir con el virus», alertó también de que la COVID «no es la gripe y tiene una gravedad extrema y unas consecuencias de mortalidad muy alta para el que tiene mala suerte».

Con la puesta en marcha del renovado método de vigilancia, se modifica tanto la realización de pruebas como el seguimiento de los contagios. A partir de ahora solo se realizaran pruebas diagnósticas a mayores de 60 años, inmunodeprimidos y embarazadas, así como al personal sanitario, sociosanitario y al de prisiones, entre otros. Y se deja a «criterio de la sintomatología» la decisión médica de realizar o no estas pruebas, así como el aislamiento o la baja laboral.

Para Armenteros, tiene «difícil justificación» que el pasado verano, con una incidencia de 54 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, no se tomaran medidas liberalizadoras y que se haga ahora con más de 400. Por eso reclama que en vez de «gripalizar» se «covidialicen» las enfermedades respiratorias y se traten con el mismo respeto con que se ha afrontado este virus.