Las acciones legales de carácter penal y civil en diversos casos de okupación ilegal en el grupo de las 148 viviendas sociales del barrio de Santa María de Benquerencia, que han tenido como resultado, tal y comunicó el pasado lunes la Consejería de Fomento, una veintena de sentencias condenatorias en favor del propietario (la empresa pública Gicaman), no están teniendo el resultado esperado por muchos de los vecinos que recibieron legalmente en su día una de esas viviendas de alquiler social.

Los adjudicatarios de esos pisos observan como cuando se va a producir un desalojo los ocupantes de esa vivienda se la arriendan a otros, provocando que el proceso se tenga que reiniciar al ser los nuevos inquilinos titulares diferentes.

«Se desaloja una vivienda y okupan otra, y la primera es okupada por otros», explica un policía a La Tribuna sobre el modo de obrar de muchos de los residentes ilegales en esta urbanización del número 8 de la calle Río Yedra.

«Cuando la policía llega, los okupas dicen que son inquilinos y que viven en esa vivienda por contrato de alquiler», explica el agente, que añade que en la mayoría de las ocasiones ese contrato «ni existe», es verbal, aunque en otras sí que han llegado a encontrarse con documentos «totalmente falsos, hechos por ellos mismos o por otros que les han cobrado una cantidad de dinero por dárselos».

 «Hay además okupas que están vendiendo a otros los pisos», denuncia un vecino de la urbanización, en la que actualmente se estima que hay un 20% de sus 148 viviendas okupadas.

Otro problema al que se enfrenta la policía es a la hora de hacer llegar las notificaciones de los juzgados. Los agentes han llegado a acceder a los conocidos como 'Pisos Negros', por el particular color de dos de sus bloques, con dos direcciones de una misma persona en portales diferentes, sin poder llegar a notificar a ese sujeto en ninguna. 

«No nos abren la puerta y el expediente vuelve de nuevo al juzgado, dilatando todo el proceso de nuevo», señala la policía sobre las dificultades que suelen encontrarse en esa promoción de viviendas del Polígono.

Otra cuestión derivada de ese fenómeno de okupación ilegal es el aumento de la inseguridad ciudadana y el tráfico de drogas, una situación que se agrava con el hecho de que la urbanización linda con un instituto de educación secundaria. «Hay mucho trapicheo de porros», denuncian.

«Hace algunos años no era tan grave la situación, estábamos bien, pero ahora hasta te roban las cartas de los buzones», señala otro vecino, que a los problemas de tráfico de drogas añade los destrozos de las zonas comunes.

La empresa pública Gicaman, propietaria de Río yedra 8, ha ido solventando los daños poco a poco, y recientemente se ha procedido a pintar varias zonas de la urbanización y a colocar luces nuevas en la mayoría de los portales.