El Ministerio de Justicia de Toledo ha vuelto a recobrar la memoria en relación al futuro Instituto de Medicina Legal de Toledo, un proyecto necesario que lleva años figurando y cayéndose de los papeles a pesar de la urgencia de los forenses de disponer de una sede, más allá de las dependencias del Palacio de  Justicia, para llevar al completo su actividad sin necesidad de realizar las autopsias en una sala del cementerio municipal cedida desde hace años.

El terreno de la calle Dinamarca que cedió el Ayuntamiento por 75 años en 2010 tras un largo periodo de negociaciones, continúa esperando la puesta en marcha de las obras para levantar un edificio sobre una parcela de 2.150 metros cuadrados que permite una edificabilidad ilimitada y una ocupación en planta del 100%. En teoría, dispondrá de sótano, semisótano, planta baja y primera. Si bien, «por razones de seguridad» el aparcamiento se ubicará en superficie y dispondrá de, al menos, una treintena de plazas, según se refleja en el pliego de prescripciones técnicas de la licitación en relación al proyecto que se puso en marcha en otoño de 2019, un primer paso que indicó que el proyecto había salido del cajón y podría materializarse en  21 meses  desde que den comienzo las obras de construcción.

El segundo paso lo ofreció Moncloa a través de los Presupuestos Generales del Estado el año pasado, en los que figuraba una partida de 500.000 euros relativa a la redacción del proyecto y los gastos derivados derivados de la licitación. Y en el proyecto que se acaba de entregar a las Cortes de cara al próximo año  se añade un tercer paso porque vuelve a figurar presupuesto para el Instituto de Medicina Legal de Toledo. En concreto, está previsto destinar 1,7 millones de euros en 2022, una buena inyección económica que hay que tomar con ciertas reservas aún porque el proyecto está concebido a largo plazo y no concluirá hasta 2024.

En este sentido, el Ministerio de Justicia calcula un coste total de 7,1 millones de euros y aplaza el resto de la inversión hasta 2023, año en el que se pretende dar el empujón definitivo al proyecto con 3,1 millones de euros y rematarlo un año más tarde gracias a otro millón y medio.

un proyecto en pie. El borrador de los nuevos Presupuestos Generales del Estado no indica mucho más, salvo que el presupuesto se va encareciendo según pasa el tiempo, ya que el año pasado se estimaba en 6,5 millones de euros y este año los cálculos se disparan 600.000 euros más de los inicialmente previstos. Las cifras han ido variando a lo largo de los años porque cuando comenzó a idearse el proyecto en 2008 para intentar iniciar su ejecución dos años más tarde siempre se dejaba caer que el edificio superaría los tres millones de euros.

A pesar de los vaivenes continuos del proyecto, y las reclamaciones del ámbito judicial en Toledo y en Castilla-La Mancha, a través de la constante petición del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Justicia no ha dejado de tener en mente la necesidad de levantar un edificio para la actividad forense similar al que disfrutan en otras provincias españolas. Si bien, la idea parece que va tomando forma real y en el informe económico y financiero ligado al proyecto de Presupuestos Generales del Estado se indica que las asignaciones presupuestarias van dirigidas «a dotar a los órganos de la Administración de Justicia de los medios materiales y de las infraestructuras necesarias para un funcionamiento ágil y eficaz, mejorando la transparencia,  el acercamiento y la atención a los ciudadanos».

Por tanto, en los planes a corto plazo se contempla licitar y comenzar las obras del Instituto de Medicina Legal de Toledo, del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Dos Hermanas (Sevilla)y de otros proyectos necesarios, como el nuevo edificio de los juzgados de Torrijos, de Ocaña, de Lorca (Murcia) y de Manacor (Baleares).

la incógnita de la licitación. La redacción del proyecto y la dirección de las obras  del futuro Instituto de Medicina Legal correrá a cargo del estudio 'González arquitectos SLP' tras su adjudicación en noviembre de 2020, después de un largo periodo en el que el proceso se mantuvo en el aire, ya que estaba previsto que este trámite viera la luz en el primer trimestre y se retrasó prácticamente once meses, ya que la adjudicación se llevó a cabo en noviembre, un año más tarde de su inicio.

La licitación estaba bien armada, pero se quedó estancada. La administración explicó en su momento a La Tribuna que se producía un pequeño retraso porque  la Junta de Contratación estaba a la espera «del informe técnico por parte de la unidad proponente de la licitación». Sin embargo, a la larga demora también hay que sumarle la paralización de la actividad derivada del confinamiento y el estado de alarma por la pandemia.

A la licitación se presentaron quince ofertas, pero la adjudicataria llevó la propuesta más ventajosa, con un coste de 363.937 euros, impuestos incluidos. De momento, no se ha establecido una fecha para iniciar la construcción del edificio, pero todo indica que el próximo año ya se podrán ver ladrillos en la parcela de la calle Dinamarca si Moncloa cumple con esa asignación de 1,7 millones de euros para 2022.