A última hora de la tarde y en la sala de tapices del Palacio de Fuensalida se ha producido este martes una foto que será parte de la historia regional. Así calificaba el presidente de Castilla-La Mancha la decisión del Consejo de Ministros de aprobar el Plan del Tajo y sus caudales mínimos, de «histórica», reconociendo que es una expresión que se usa mucho, pero en este caso, merecida.

«Hoy empieza a acabar», una tendencia de «humillación histórica» que ha sufrido el río Tajo, decía Emiliano García-Page. Que el Tajo vaya a tener un caudal mínimo, «hace honor a la promesa que le dimos a los ciudadanos» cuando asumió la presidencia. Recuerda, que a pesar de que «me he encontrado con este calificativo por parte de muchos dirigentes políticos», esta batalla «nunca ha sido humo» ni ha sido «coartada electoral». Admite que con esta decisión, queda de manifiesto y tendría que hacer  «avergonzarse» a muchos. 

Lamenta que no han faltado políticos de Castilla-La Mancha que «en lugar de defender a esta tierra, la han vendido», incluso recuerda que en la región, tan solo durante cuatro años -en referencia al gobierno del PP-, «esta región dejó de recurrir los injustos trasvases». Además García-Page valoraba que a los que firmaron o aplaudieron el Memorándum Tajo-Segura, «les sería útil pedir disculpas a la sociedad de Castilla-La Mancha», y es que recordaba que las sentencias que se perdieron, fueron amparándose en ese pacto. 

Agradece al Gobierno Central una decisión que pretende garantizar los recursos en el Levante, pero «con medios diferentes», sin quitar el agua a la España seca que no tiene salida al mar, explicaba el presidente regional. El presidente regional, por otro lado, insistía en que las sentencias judiciales han sido las que han impuesto cumplir con caudales mínimos, pero que ahora «no contemplamos el mínimo como el máximo». Valora que Castilla-La Mancha siempre ha sido una región solidaria, «y lo seguirá siendo». Cree incluso que la situación del Levante es una cuestión de Estado, por lo que el conjunto del país tendrá que trabajar en busca de una solución, «sin conflictos», además asegura que entiende la posición de los presidentes andaluz y murciano. Cree que ahora vendrán días difíciles, pero que más allá de polémicas y del ruido, la verdad es «que contra hechos no valen razones». 

Justicia social y justicia hídrica

Decía la alcaldesa de Toledo que por la mañana, cuando conoció la decisión del Consejo de Ministros, se había emocionado y es que detrás de este hecho, se esconden «muchos años de lucha y de trabajo». Es un plan que no solo beneficia a Toledo, Talavera y al resto de municipios ribereños, es un plan, asegura Milagros Tolón que beneficia a toda España.

Es ahora cuando se mira por la España seca, ponía en valor, «es momento de mirar a la España interior que siempre ha sido solidaria», y que ahora quiere seguir siendo solidaria, insistía Tolón. 

«Me siento orgullosa de todos los recursos» que se han presentado contra los trasvases y que el Partido Popular de Toledo «nunca apoyó», lamentaba la alcaldesa. Asegura que prometió defender los derechos de la ciudad y eso incluye recuperar un río en el que «se bañaron mis padres», pero que «ni nosotros ni nuestros hijos» han podido disfrutar.

justicia hídrica. Considera la alcaldesa de Talavera de la Reina que a través de estos caudales, se da «un golpe importante» al Memorándum «de la vergüenza» y que ahora se ha hecho «justicia social, se ha hecho justicia hídrica». «Hoy se devuelve al río el agua que no se debía quitar», valora Tita García Élez, quien considera que con esta decisión «avanzamos», con el objetivo final de seguir diciendo «alto y claro» que «el trasvase tiene que finalizar» y que el río Tajo tiene que convertirse en lo que queremos para Toledo, para Talavera y para los pueblos ribereños. 

Los ribereños, satisfechos 

Los Municipios Ribereños siempre han estado presentes en la lucha por el agua, por eso, consideran que esta decisión supone que  «por fin se dignifica al río», según relataba el vicepresidente y portavoz de  la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, Borja Castro. Agradecía que el Gobierno cumpla, apuntaba, con su obligación de fijar los caudales ecológicos, pero también «la fuerte inversión en desalación» con 830 millones para  «empezar a sustituir» en el Levante el agua del trasvase, algo que para Castro supone «un punto de inflexión». Considera que habrá mucha gente que hablará de «decisión política», sin embargo, considera que es « simplemente cumplir con la ley».  Puso en valor el «cambio de efecto desde hace mucho tiempo» para recuperar el río.