El Banco de España percibe que, de acuerdo con los indicadores de las últimas semanas, se estaría produciendo una recuperación de la economía española, tras el inicio "tan débil" del año por la tercera ola de la pandemia, y espera que se produzca una reactivación relativamente "robusta" a partir del segundo semestre hasta alcanzar los niveles precrisis en 2023.

Así se desprende del Informe Anual correspondiente al año 2020 publicado este jueves por el organismo. Con motivo del mismo, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido de que los efectos adversos de la pandemia sobre el nivel de PIB, el empleo y las cuentas públicas "pueden perdurar varios años". "Lo importante es acertar con los proyectos y las reformas", ha remarcado el director de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce.

Según el Banco de España, el avance del proceso de vacunación y la mejora del entorno exterior han reducido los riesgos que rodean las perspectivas económicas actuales. No obstante, avisa de que la intensidad de la recuperación económica, el alcance, la duración y la potencia "va a ser y es" incierta y está sujeta a factores de "incertidumbre".

En concreto, se mantienen activas fuentes de incertidumbre, como el grado de ejecución y los efectos del programa europeo Next Generation EU (NGEU), la capacidad de adaptación de las políticas económicas a las circunstancias cambiantes de la crisis, como el caso del diseño y la continuidad de los ERTE o las medidas de apoyo a empresas, y la magnitud de las secuelas que la pandemia pueda dejar sobre el tejido productivo y el mercado laboral, que pueden ser duraderas y en algunos casos estructurales.

"Consensos amplios para reformas"

La evolución económica de los próximos trimestres se verá adicionalmente influida por el ritmo al que se reducirá la bolsa de ahorro acumulada por las familias españolas en 2020 y por la senda de reactivación del turismo internacional.

Ante esto, el Banco de España ha señalado que la economía española dispone de tres grandes palancas para afrontar los retos tras la crisis, que van desde gestionar los fondos europeos, hasta abordar una estrategia integral de reformas estructurales a través de una definición "urgente", basada en un "conjunto exhaustivo de reformas ambiciosas y sustentada en amplios consensos".

"El diseño e implementación de esta respuesta estructural deberá estar basada en consensos amplios, para que pueda tener vocación de permanencia y resulte creíble. Un consenso que debe ser compatible con "la ambición y urgencia" que exige afrontar con éxito los enormes retos de la economía, ha insistido Pablo Hernández de Cos.

Además, el Banco de España ha remarcado la necesidad de diseñar y comunicar con "prontitud" las líneas maestras del plan de consolidación fiscal multianual, que se ejecute una vez superada la crisis y con una revisión "integral" de los principales ingresos y gastos públicos, con el objetivo de volver a niveles de deuda y déficit más moderados.

"Sería deseable definir sin demora sus principales características. Para ello es fundamental, en primer lugar, revisar integralmente el sistema impositivo español y el grado de eficiencia de todas las partidas de gasto público", ha indicado el gobernador del Banco de España en su discurso.

Concreción limitada del plan de recuperación

Para esto, afirma que será "esencial" prestar atención a los fondos Next Generation EU, aunque por ahora el grado de concreción de lo enviado a Bruselas parece "relativamente limitado", según el Banco de España.

Este es el caso de algunas de las principales reformas como pueden ser la del mercado laboral, pensiones o tributaria. En este contexto, desde el Banco de España aseguran "que no pueden tener una visión nítida del impacto eventual de las reformas ni del grado de ambición de las mismas", en palabras de Óscar Arce.

El organismo cree que sería conveniente que la selección de los proyectos descansara en un esquema apropiado de procedimientos públicos de contratación y en un diseño adecuado de las metodologías para la evaluación de las distintas iniciativas antes y después, que no tendría que abordarse necesariamente a través de una agencia independiente, ya que la Administración cuenta con los recursos suficientes, según el Banco de España.

Además, ve necesario asegurar que no existen obstáculos que dificulten el proceso de reasignación de recursos entre empresas y sectores que probablemente resultará de la implementación del programa.

Abaratar el despido e implantar la mochila austríaca con fondos europeos

El Banco de España plantea corregir la desigualdad de los trabajadores temporales con un sistema mixto que combine la rebaja a la mitad del coste por despido con el establecimiento de un fondo de capitalización individual nutrido por las empresas, pero implantado con ayuda del Estado y los fondos europeos.

No es la primera vez que el Banco de España sugiere la implantación de la denominada "mochila austríaca", planteada ya en la reforma laboral socialista de 2010, pero en esta ocasión calcula el hipotético coste de implantación, superior a los 9.000 millones de euros, y propone que el Estado financie unos 8.000 millones con cargo, al menos parcial, a los fondos europeos.

El informe anual de la entidad, publicado este jueves, repasa los retos estructurales que afronta la economía tras la pandemia de covid-19, entre los que sitúa la corrección de la brecha en el nivel de protección de los trabajadores con contrato temporal y aquellos con contrato fijo.

Señala que los temporales, entre los que se incluyen colectivos más vulnerables como los jóvenes o los trabajadores con menor formación, han soportado "de manera desproporcionada" la destrucción de empleo durante las últimas décadas porque su despido es más barato, patrón que también se ha observado en la crisis actual.

Para solucionarlo el Banco de España habla de distintas opciones, como el contrato único con coste por despido creciente, pero analiza en detalle el modelo austríaco porque considera que es menos desigual, incentiva la movilidad, no genera tensiones de liquidez a las empresas y traslada las decisiones del despido a cuestiones de eficiencia y no de costes.

La entidad plantea que las empresas aportarían al fondo individual de cada trabajador 6 días por año trabajado, un importe que sería deducido de la indemnización a abonar por el empleador en caso de despido.

El trabajador podría hacer uso del dinero acumulado en el fondo en caso de despido, para formación o para la jubilación.

El modelo de cálculo -que toma datos de 2013 a 2016- asume una reducción del 50 % de los costes actuales de despido y finalización del contrato, pero manteniendo los derechos de indemnización que los trabajadores hubieran acumulado antes de la reforma, lo que da lugar a un sobrecoste para su implantación en cuatro años de 9.000 millones.

Para cubrir esa brecha propone que el Estado financie de forma decreciente durante cinco años las contribuciones empresariales: 5 días por año trabajado el primer año, 4 días el segundo año, 3 días el tercer año, 2 días el cuarto año y 1 día el quinto año, con un coste total de 8.660 millones.

El Banco de España reconoce que su planteamiento tiene "algunas limitaciones", ya que los datos utilizados son de un periodo de recuperación económica y porque las empresas con más despidos podrían verse relativamente favorecidas.

Además, señala que con este sistema las empresas podrían ser más propensas a despedir al reducirse el coste, frente a lo que plantea un sistema de bonificaciones y penalizaciones sobre las cotizaciones a la Seguridad Social (bonus-malus) según sea menor o mayor la rotación laboral en cada empresa.

Agilizar las ayudas de 11.000 millones y mayor flexibilidad

Según el Banco de España, la persistencia de la crisis ha aumentado la vulnerabilidad financiera de las empresas y empresarios individuales, lo que plantea algunos riesgos para la recuperación, como que el sobrendeudamiento limite el crecimiento de la inversión; las quiebras y destrucción de empleo y tejido productivo y en situaciones extremas, la contracción de la oferta de crédito.

Con el fin de mitigar estos riesgos, el organismo ve "preciso" una implementación "ágil" y más "flexible" de las recientes medidas de apoyo a la solvencia empresarial incluidas en el decreto de 11.000 millones.

En concreto, el Banco de España recomienda maximizar la efectividad de los fondos y minimizar riesgos de asignación subóptima, además de recalibrar el programa, tanto en cantidad y asignación entre distintas herramientas, si se percibe la necesidad. Además, aboga por complementar estas medidas con otras de fomento de las recapitalizaciones privadas.

Reforma fiscal "integral"

La entidad ve conveniente una revisión "integral" del sistema tributario para conseguir que la recaudación fiscal sea "suficiente" para financiar el nivel de gasto que se pretende acometer, y en este punto aboga especialmente por la fiscalidad verde y por revisar el conjunto de beneficios fiscales de las diferentes figuras tributarias.

La autoridad monetaria afirma que los "ajustes" que el sistema tributario español requiere para incrementar su capacidad recaudatoria pueden llevarse a cabo a través de modificaciones de algunos impuestos ya existentes o mediante la introducción de nuevas figuras tributarias, pero siempre en el marco de un "proceso integral" de dicho sistema.