Al CD Toledo le ha sobrevenido una nueva carga, la sentencia a favor de Los Serrano por la gestión del bar del Salto del Caballo. La jueza instructora, María Soledad Losana, ha determinado que el club verde está obligado a reponer a la empresa que explotaba el negocio «en los mismos términos en la que venía siendo ejercitada desde el 1 de septiembre de 2015», según marca el contrato firmado por ambas partes.

Por lo demás, se impone que el CD Toledo debe facilitar a su titular, Javier Serrano, «el libre acceso al recinto para la prestación del servicio, hasta un máximo de diez personas», además de «abstenerse de realizar en el futuro actos que perturben la pacífica posesión del negocio». En este caso, la jueza no ha tenido en cuenta el contrato existente, en tanto en cuanto ha declarado que Javier Serrano fue «despojado y perturbado de su negocio».

Y es que, la clave de la sentencia reside en que por parte de la entidad se emprendieron una serie de «actos coactivos de fuerza» que le impidieron «la realización de su trabajo». De hecho, desde la parte demandante insisten en que «los derechos hay que ejercerlos por cauces legales y no por la fuerza o violentamente».

Es más, recuerdan los constantes allanamientos del bar durante los meses de agosto y septiembre, que terminaron con el episodio de la seguridad privada del CD Toledo impidiendo la entrada al estadio a los trabajadores del bar.

Desde el club capitalino, su presidente, Joaquín Sánchez-Garrido confirma que se va a recurrir esta sentencia y que van a iniciar un nuevo procedimiento judicial «para instar el desahucio de este señor». Según añade, el motivo es que «tiene el contrato resuelto por incumplimiento».

Además, el mandatario recalca que «no se puede consentir el mantenimiento de contratos leoninos firmados en el pasado». Y es que, la cesión de la publicidad es el quebradero de cabeza para el CD Toledo. «Suponía ceder varios carteles publicitarios en el campo, un palco y la explotación del bar del fondo norte por 2.500 euros al año, un negocio ruinoso para el club», explica Sánchez-Garrido, quien, aun así, recuerda que «el contrato se respetó el año pasado hasta que fue incumplido». Si bien, no acaba de entender que deba prorrogarse hasta 2025.