El proyecto de Ley contra la Despoblación de Castilla-La Mancha ha recibido un centenar de enmiendas en el arranque de su tramitación parlamentaria, destacando entre ellas las enfocadas a aumentar los beneficios fiscales y labores por vivir en el medio rural. 

No hay que olvidar aquí que el texto elaborado por el Gobierno regional introduce por primera vez en España la política fiscal como herramienta para afrontar el reto demográfico, al prever una bajada generalizada de los impuestos autonómicos para los residentes en zonas despobladas o en riesgo de estarlo.

En este sentido, entre la veintena de enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista destaca la dirigida a aumentar hasta el 15 por ciento la deducción autonómica por la compra o rehabilitación de una vivienda en zonas despobladas o en riesgo de estarlo. En el texto presentado a principios de año por la Junta esta deducción se marcaba en el 10 por ciento, tal y como se recuerda desde el PSOE.

El PSOE también plantea en sus enmiendas la modificación de la ley de servicios farmacéuticos para lograr una «cobertura real» en todas las zonas despobladas.

En una línea similar, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos propone la creación de un complemento salarial por ruralidad para los empleados públicos que decidan trabajar en estas zonas. Tal y como explica el diputado ‘naranja’ David Muñoz, este plus estaría especialmente dirigido a los docentes, a los profesionales sanitarios y a los trabajadores de los servicios sociales, con el objetivo de incentivar su permanencia en los pueblos.

Ciudadanos habría presentado 20 enmiendas para su debate, con el objetivo de «poner la despoblación en el centro y afrontarla desde el centro». 

Los de Arrimadas mantienen así su postura de ‘mano tendida’ para buscar un consenso en torno a esta normativa, que la Junta quiere tener aprobada antes del verano y que nació, en parte, de la propuesta ‘naranja’ de poner en marcha una comisión de estudio sobre la despoblación en las Cortes regionales al comienzo de esta legislatura. Comisión que se cerró a finales del pasado año y por la que pasaron medio centenar de expertos.

Diferente es ahora la postura del PP, que apoyó hace unos meses el dictamen salido de esta comisión parlamentaria, pero que ahora pone sobre la mesa sus dudas sobre la validez de este proyecto de ley y deja entrever un posible voto en contra. 

Y es que, si bien la portavoz ‘popular’ en la Cortes, Lola Merino, insiste en la necesidad de contar con una ley de estas características en la comunidad, también advierte ya de que el texto remitido por el Gobierno regional es una mera «declaración de intenciones», que «ha pasado por alto todas la comparecencias» celebradas estos meses en la cámara autonómica. «No se había terminado aún la comisión, cuando ya se estaba anunciando la ley», denuncia.

El PP habría presentado más de 50 enmiendas a este proyecto legislativo, de las que de momento no ha dado más detalles. 

Volviendo al texto actualmente en tramitación,   destaca en él la ya citada desgravación por la compra o rehabilitación de una vivienda, así como la reducción del 25% en el tramo autonómico del IRPF desde el ejercicio fiscal de 2021 y reducción a la mitad del impuesto de transmisiones patrimoniales y del impuesto de actos jurídicos documentados, tanto para la adquisición de viviendas como de locales para la implantación de empresas.

Otra de las novedades que se han introducido en este proyecto de ley son las medidas de apoyo a las empresas que se ubiquen en estas zonas rurales, que contarán con un 40 por ciento adicional de ayuda por parte de la Administración regional. 

A ello se suma la creación de un fondo, dotado inicialmente con 10 millones de euros y abierto a la incorporación de otras instituciones o entidades bancarias, para la financiación de estos proyectos empresariales.