El Ayuntamiento de Olías del Rey ha sido demandado por la discoteca 'Área 42' por el cierre cautelar del establecimiento. El Consistorio decretó la paralización provisional de la actividad a comienzos del pasado mes de noviembre, alegando que era pertinente una visita de los técnicos municipales para comprobar que el local cumpliera con toda la normativa legal. Ahora, casi dos meses después, el empresario  que gestiona 'Área 42', Marco Givica, afirma que no se ha producido esa comprobación municipal, a pesar de múltiples requerimientos y burofax remitidos al Consistorio.

Por todo ello, desde 'Área 42' reclaman una indemnización en concepto del pago de indemnizaciones de los artistas que ya tenían contratados y se han visto afectados por el cierre, y por el lucro cesante de tener las puertas cerradas.

«Pedimos daños y perjuicios por paralizar la licencia en un trámite administrativo. Nos acusaban de realizar nuestra actividad 'con clandestinidad', cuando nosotros tenemos licencia. Es más, no es necesario que la actividad esté a nombre del que la explota, pero desde el pasado 17 de noviembre es que además ya está a mi nombre», afirma el responsable de la discoteca, que tiene claro que pase lo que pase abrirá las puertas de 'Área 42' el próximo 26 de febrero, coincidiendo con las fiestas de Carnaval.

«A los tres meses, si no han pasado a realizar la inspección y no hay ninguna comunicación al respecto, podemos abrir por silencio administrativo», explica Marco Givica, que también destaca que en todo este tiempo se han mostrado colaboradores con las autoridades municipales, y que si no han abierto «es porque no he querido, porque yo cumplo la ley y como mucho solo podrían imponerme una sanción administrativa que ganaría».

La raíz del conflicto está para este empresario en la pasada noche de Halloween, cuando un joven disparó un arma de fuego en el exterior del local tras ser expulsado del establecimiento, con tal suerte que resultaron heridas leves tres personas.

El autor, que se dio a la fuga tras una persecución con la Guardia Civil, fue finalmente detenido, pero las consecuencias de su acto aún se están notando.

«Todo lo que ha pasado ha sido fuera de la discoteca. Yo me responsabilizo de todo lo que pase en el interior y en el aparcamiento privado del local, pero no en el exterior. No puedo controlar lo que hace la gente en la calle. Yo no quiero botellón ni ruido, a mí el botellón también me hace daño como empresario», explica Marco, que indica esa voluntad señalando desde que comenzó a explotar la discoteca en el año 2018 ha pagado incluso de su bolsillo un equipo de limpieza para el polígono donde se asienta la discoteca.

Ahora el problema está judicializado y será la justicia quien determine todas las responsabilidades.