Plataforma ve en el plan de cuenca «una oportunidad perdida»

Lola Morán Fdez.
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Miguel Ángel Sánchez censuró que los caudales fijados no son suficientes y que el texto marque que el Ayuntamiento debe invertir 10 millones para la depuradora

Sánchez denunció que la situación del Tajo no va a cambiar. - Foto: Manu Reino

«Una oportunidad perdida para Talavera». Así valoran el nuevo Plan de Cuenca del Tajo desde la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche, desde donde consideran que la única mejora que plantea este documento para la ciudad es que fija unos caudales ecológicos, si bien son «totalmente insuficientes».

Para Miguel Ángel Sánchez, representante de la Plataforma del Tajo de Talavera, este plan de cuenca recientemente aprobado se queda «según lo esperado» y «no respeta la sentencia del Tribunal Supremo» porque «dilata la fijación de caudales ecológicos hasta el año 2027» cuando «deberían estar vigentes desde el año 2010». Se trata por tanto de «un retraso de cerca de veinte años  en la aplicación de los caudales ecológicos como mínimo».

A ello sumó que estos caudales son «totalmente insuficientes para mantener el buen estado del río» y «en algunos puntos del río no se ponen caudales ecológicos». 

Para Sánchez, a través de este documento, el Ministerio «lo que hace es retrasar esos caudales ecológicos hasta el año 2017 en todas las masas de agua que hay en el río Tajo entre el muro de la presa de Entrepeñas y El Puente del Arzobispo». Esto afecta por tanto a «todo el eje del Tajo», que está «sin caudales ecológicos mínimos hasta el año 2027» y además esos mínimos son «totalmente insuficientes».

En el caso de los caudales ecológicos establecidos para las crecidas, Sánchez apuntó que las que se producen en Talavera cada cinco años, es de aproximadamente 600 metros cúbicos por segundo, «una cifra muy inferior a la que se proponía en los documentos iniciales, que era cercana a los 2.500». 

Sin embargo, el representante de la plataforma del Tajo expuso que hay lugares como Toledo «donde no se ha fijado ese componente del caudal ecológico», lo que se traduce en que «no hay un régimen de caudales ecológicos en Toledo».

Además, Sánchez expuso que, en el caso de los caudales mínimos ecológicos fijados ahora, cuentan con una serie de condicionantes que pueden «reducirlos» en caso de situación de sequía prolongada. Si esto sucede por la sobreexplotación de la cabecera del Tajo, «que sí va a ocurrir, y además estamos en un periodo de precipitaciones bastante bajo», se puede dar la situación de que el caudal circulando por Toledo sea «inferior al legal que está circulando ahora». De hecho, para el representante de la plataforma, en este plan de cuenca «Toledo ha quedado muy, muy mal».

En el caso concreto de Talavera, lamentó que «seguimos sin caudales» y «por si fuera poco, hay un plan de inversiones y actuaciones para la mejora de la calidad de las aguas en el tramo medio tanto en la cuenca del Tajo como en la del Segura» que marca que Talavera deberá «pagar 10 millones de euros de fondos municipales para mejorar nuestra depuradora». La misma situación se repite con las depuradoras de La Pueblanueva, con 2,6 millones, y una de las dos previstas en La Puebla de Montalbán que también deberá costear el Ayuntamiento.

«Mientras en otros sitios las obras las paga la Agencia del Agua o el Ministerio, a Talavera nos obligan a gastarnos 10 millones de euros», censuró el representante de la Plataforma del Tajo de Talavera. Asimismo, denunció que, con lo que establece este documento, el río Alberche «se queda con unos caudales bajísimos, no se garantiza la calidad del agua bruta del embalse de Cazalegas para Talavera»  y, además, «los caudales en la desembocadura del Alberche en el Tajo siguen siendo muy bajos».

Se suma la «amenaza» de la Comisión de Seguimiento que habrá para «analizar los caudales, seguir el comportamiento de las masas de agua» y puede darse «la sorpresa de que en el año 2027 se rebajen los caudales o se ajusten a las cifras que considere el gobierno de turno». Sobre esta cuestión, Miguel Ángel Sánchez explicó que la decisión será «del Consejo Nacional del Agua», con lo que «está siempre esa amenaza», porque «lo pueden cambiar en cualquier momento» y que en situación de sequía prolongada «se reduzcan bastante los caudales ecológicos que han puesto circulantes, fundamentalmente en Toledo».

Por todo, para Sánchez este plan de cuenca no resuelve ninguno de los problemas del Tajo en la ciudad y censuró que, pese a ello, «no se ha peleado para nada desde Talavera la necesidad de inversiones para la renaturalización del río», algo necesario «en su tramo medio, desde Toledo hasta Talavera, teniendo en cuenta también el embalse de Castrejón».

Para el representante de la plataforma, «Talavera debería haber peleado no solo para que no tener que pagar esos 10 millones que nos vamos a tener que gastar en la depuradora», sino también para que se incluyan «inversiones importantes en el Tajo en su tramo medio».

Otro de los aspectos negativos que planteó Sánchez de este documento es que la zona de Talavera ha «perdido también bastante agua de regadíos», por lo que el plan «lo único bueno que tiene para Talavera es que este Ministerio ha fijado estos caudales, que son bajos, pero al menos son caudales ecológicos», algo posible gracias al recurso planteado al Tribunal Supremo en 2011.

Sin embargo, reiteró que «tendría que haber sido mucho más alto», recalcando que para Talavera «este plan es una oportunidad perdida, no solamente en recuperación del Tajo y del Alberche, sino también en inversión».

Para Sánchez, la «propaganda» de la Junta de Comunidades, «intenta vestir un fracaso absoluto» en relación a los intereses en concreto de Talavera con el plan de cuenca, que supone «una derrota más de los intereses de Castilla-La Mancha» puesto que «el trasvase queda prácticamente como está». «El Tajo no va a notar ningún tipo de mejora en los próximos años con este plan de cuenca», remarcó para trasladar su preocupación también por que «no tenemos garantizada el agua de calidad de abastecimiento a Talavera, en cantidad no lo sé, pero en calidad no está».

Por ello, avanzó que probablemente se recurra en el plazo establecido, que abarca un periodo de dos meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).