En España hay más de 17.000 menores en centros tutelados, unos entornos seguros que permiten al niño desarrollarse personal y profesionalmente para que este llegue a la edad adulta con plenas competencias. Se trata de menores de edad que han tenido una vida complicada y difícil y que en última instancia es la Administración quien ha tenido que hacerse cargo de ellos.

Han sufrido maltrato por abandono o negligencia en sus cuidados, abusos generalmente del entorno familiar u otras circunstancias que les impiden su pleno desarrollo, por lo que las administraciones se hacen cargo de su tutela mientras se soluciona la situación de riesgo y el menor pueda volver con su familia, si es lo mejor para él.

«Vemos que llegan cada vez más al sistema de protección niños más dañados, o porque la medida se ha puesto tarde o porque el maltrato y abuso que han sufrido ha sido crónico e intenso», explica la especialista de políticas de infancia de Unicef Almudena Olaguibel, quien recuerda la importancia de trabajar más en prevención y junto a las familias para evitar las situaciones que provocan las separaciones.

Alguno de ellos son adolescentes con problemas de adicciones a sustancias e incluso que ejercen violencia, añade. «Son perfiles muy diversos y complejos, por eso su atención debe ser más individualizada dentro de los centros porque algunos tienen serios problemas de salud mental».

Para Save the Children, el sistema además de garantizar entornos seguros tiene que elaborar protocolos de prevención y detección temprana de esas situaciones como prevé la ley, reclama Catalina Perazzo, directora de Incidencia Política y Social de la organización.

Los expertos coinciden en la necesidad de evaluar las circunstancias de cada niño y de acortar al máximo la estancia en la medida protectora, garantizando el contacto con la familia de origen.

Con ese objetivo, apuntan, se debería caminar hacia centros más pequeños con un ambiente más cercano a una convivencia familiar, aunque las necesidades de acogida, sobre todo ante la llegada de niños migrantes, hace que los grandes centros sigan siendo la medida de respuesta más rápida.

Son las comunidades las que determinan que un menor se encuentra en desamparo, a través de una comisión de tutela. También los progenitores pueden renunciar de forma temporal a la guarda de un hijo por circunstancias graves y por un plazo máximo de dos años.

Los tutelados pueden pasar a vivir en un centro de menores o bien en acogimiento familiar (ya sea con miembros de su propia familia o con otra).

Convivencia normalizada

En 2020, el número de menores atendidos por el sistema público de protección a la infancia era de 49.171 -50.272 el año anterior-, según los últimos datos actualizados por el Observatorio de la Infancia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

El total de acogimientos residenciales es de 16.991, mientras que 18.892 menores viven en familias.

«En los centros, los niños deben llevar una vida lo más normalizada posible, deben ir al colegio o al instituto, compartir ocio con sus amigos o ir a un cumpleaños cuando son más pequeños», explica Teresa Molina, directora de Infancia de Aldeas Infantiles.

Pero a veces, algunos niños sienten la necesidad de volver a su entorno, de estar con sus amigos del barrio en el que han vivido y se fugan. «Es una situación muy dura para ellos, al dolor que han vivido por la retirada de la tutela, se une el trauma de que les arrancan de su entorno, no entienden por qué les sacan de allí, piensan que han hecho algo malo», señala la experta de Unicef.

«El menor necesita que alguien se vincule con él, y poco ayuda la rotación de los profesionales y los diferentes turnos de trabajo», añade.

La responsable de Aldeas Infantiles indica que «los profesionales trabajan mucho para que esas situaciones de fugas no se produzcan y para que el niño encuentre ese entorno de cariño y afecto que necesita» e insiste en la importancia de acoger en hogares o pequeños núcleos de convivencia de seis u ocho niños bajo la supervisión de un grupo de profesionales.

También recuerda que la medida de protección debe estar dirigida a que los niños vuelvan al entorno familiar y por tanto el acogimiento debe ser una solución temporal. «Los datos señalan que apenas un 11 por ciento regresa con sus familias, la mayoría salen del recurso porque cumplen los 18 años», lamenta.

A pesar de ello, tanto las administraciones como las diferentes ONG que se encargan de la protección del menor ponen todo su empeño y profesionalidad para que estos pequeños se conviertan en adultos hechos y derechos y tengan un futuro prometedor.