La crisis provocada por la subida de los precios tiene una derivada también en las obras públicas. El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, señala que hay contratistas que estaban ya preguntando por la posibilidad de paralizar las obras en marcha ante el incremento del precio de los materiales, que sobrepasaban el presupuesto con el que se habían contratado. "En algunos casos nos piden la suspensión temporal, en otros casos piden la resolución y están dispuesto a pagar la indemnización a la administración porque considera que le sale más barato", apunta, "estamos en permanente diálogo con los contratistas para intentar que las obras no se paren".

Espera que esta situación se pueda revertir porque el Gobierno de España le ha permitido subir al alza el presupuesto de los contratos hasta un 20 por ciento. Esta mañana el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la trasposición de ese decreto al ámbito autonómico, lo que también permite hacer estas revisiones al alza para las entidades locales. Ruiz Molina informó de que hay varias limitaciones que impone Moncloa. Una de ellas es ese tope del 20 por ciento. También se circunscriben solo a contratos de obras y que estuviesen en ejecución el 1 de marzo. Además solo se admite para el coste de materiales específicos como son los siderúrgicos, aluminio, cobre y los bituminosos (betunes y alquitranes).

El consejero confía en que esta medida les ayude a que no se paralicen obras en ejecución, pues apunta que también permiten mantener el empleo. Sin embargo, cree que las limitaciones que impone el Gobierno de España hace que esta medida sea insuficiente. Por eso escribirá a la ministra de Hacienda para pedir más flexibilidad. Por un lado, quiere quitar el tope del 20 por ciento de revisión. También quiere que se amplíe a contratos de servicios y suministros, pues también se están viendo afectados por la subida de los precios. Por el mismo motivo pretende que no se supedite solo a la lista de materiales incluidos en el decreto y que además sean retroactivos, de formo que se pueda revisar el precio de contratos para obras que terminaron antes del 1 de marzo, pero que también han tenido que afrontar este incremento de costes.

Ruiz Molina señala que siguiendo las instrucciones del decreto del Gobierno de España, la Junta tiene alrededor de 50 contratos de obras de más de 500.000 euros que podrían acogerse a esta medida. En conjunto suponen una partida de 200 millones, así que si todos los contratistas pidiesen la revisión y en todos los casos se llegase al 20 por ciento, la Junta tendría que desembolsar 40 millones más de lo previsto. La mayoría de estas obras son del área de Educación, Sanidad y Bienestar Social. En un siguiente escalón estaría Fomento.