Vecinos de La Puebla de Almoradiel han acogido con malestar la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Quintanar de la Orden, que ha decidido otorgar la tutela de dos menores en desamparo tras el asesinato de su madre a manos de su padre, crimen que presenciaron, a la hermana del presumible asesino. A raíz de la decisión judicial, estos dos niños deberán abandonar esta población manchega en la que residían, donde eran cuidados por dos familias del municipio.

Este caso de violencia de género tuvo lugar el pasado 22 de enero, cuando el hombre ahora detenido asesinó a su pareja, una mujer de 43 años, en presencia de sus dos hijos. El ataque se produjo en torno a las 00.24 horas en la casa de la pareja, situada en la calle Viriato del municipio toledano. Allí, L.M., de 43 años, falleció tras la agresión de su pareja sin que los efectivos sanitarios pudieran hacer nada para salvar su vida. Se da la circunstancia de que fue el presunto asesino fue quien llamó a los servicios de emergencias del 112 en Castilla-La Mancha para informar del suceso.

La tía paterna tiene un informe de idoneidad.

Según han informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a Europa Press, el pasado miércoles se celebraba en el Juzgado quintanareño, encargado del procedimiento por esta muerte por violencia de género, una comparecencia dentro de dicho procedimiento para resolver la situación de los dos menores, en situación de desamparo desde el momento de los hechos.

 En dicha comparecencia, según las fuentes judiciales, se escuchó a los propios menores, que fueron explorados por el Ministerio Fiscal y por la jueza instructora; a personal del departamento autonómico de Bienestar Social, que ha hecho un seguimiento de la tía carnal de estos -hermana de su padre- y ha realizado un informe de idoneidad sobre la misma; y a las dos vecinas bajo cuya guarda se encontraban provisionalmente los dos menores.

A la vista de dicho informe de idoneidad, en el que Bienestar Social se mostraba a favor de que los menores queden provisionalmente bajo la tutela de la tía carnal, se dictó un auto por parte del Juzgado en el que se atribuye a esta la tutela legal de los dos hijos. Esta tutela es provisional y se mantendrá hasta que finalice el procedimiento penal.

El procedimiento se celebró mientras en el exterior del Juzgado se concentraron las personas que cuidaron hasta ahora de los niños y otros vecinos de La Puebla, que reclamaron infructuosamente la continuidad de los menores en la localidad.

Junta y Estado recuerdan que es una decisión judicial.

Tras conocerse esto, la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Pilar Callado, afirmó este jueves que confía en la Justicia y  que los menores no quedarán desamparados.

Callado, a preguntas de los periodistas sobre este caso en una rueda de prensa, señaló que no conocía en detalle la sentencia judicial, pero que confía en los profesionales que han intervenido en este asunto ya que tienen como principal objetivo el bienestar de los menores.

«Confiamos en la Justicia», dijo Callado, y añadió que, no obstante, la decisión judicial es «provisional y evaluable».

Apuntó que los Servicios de Menores, dependientes de la Administración autonómica, van a estar «encima de este caso» para que los niños tengan «lo mejor que puedan tener». Recordó que desde el Instituto de la Mujer se está prestando atención psicológica a los niños y que lo principal es que éstos no queden desamparados.

También se pronunció sobre esta cuestión, en otra comparecencia ante los medios, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha. Francisco Tierraseca aseguró que corresponde al juez decidir quién asume la tutela de forma efectiva de los dos huérfanos de madre, y que él respeta «absolutamente» las decisiones judiciales.

Sobre este asunto, el delegado señaló que, lógicamente, «todos los trámites de la tutela y los servicios sociales van a ir en la dirección de lo que diga el juez encargado del caso», sobre lo que él no tiene opinión, «sobre todo, por respeto a decisión de los poderes judiciales».