Pagan religiosamente, mes a mes, su hipoteca y otros gastos que les corresponde de la vivienda. Pero no reciben el alquiler, ni ningún pago de su inquilino. Han ganado el juicio, el juez decretó que el moroso debía ser desahuciado, pero a este le ha bastado argumentar que está en riesgo de exclusión por culpa del Covid para, merced a la lentitud de la Justicia, sin siquiera aportar ningún papel, quedarse a vivir más tiempo en la vivienda, sin pagar nada a cambio. Mientras, los propietarios tienen que endeudarse para hacer frente a los gastos.

Esta es la situación a la que se están enfrentando varios toledanos por culpa de la denominada como 'ley Covid'. A raíz de la pandemia, en 2020 el Gobierno de España publicó un Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, para paliar los efectos negativos que se derivaban de la Covid. Entre otras cuestiones, recogía una batería de medidas en cuestiones de vivienda, como moratorias o reducción de alquiler cuando los arrendadores eran grandes tenedores; avales ICO para financiar seis meses de alquiler; y la suspensión de los desahucios en los arrendamientos para personas que acrediten que están en vulnerabilidad económica y que no tienen alternativa habitacional. La medida se ha ido prorrogando en otros textos legales hasta el 30 de junio.

El problema, apunta la directora general de Vivienda de la Junta de Comunidades, Inés Sandoval, es que «tenemos que tener en cuenta que tenemos un país con cultura de propiedad en materia de vivienda, aunque es verdad que últimamente están subiendo los alquileres. Y tenemos que tener claro que aquí los arrendadores son personas trabajadoras que han hecho un esfuerzo imperante por invertir en una o dos viviendas y que, además, necesitan para su economía familiar contar con los ingresos que les supone tener alquilada su segunda vivienda». Es decir, «es importante tener en cuenta que en nuestro país, con carácter general, son personas físicas, son particulares, que han hecho un esfuerzo y con perfil de trabajador, no como en otros países en los que hablamos de grandes tenedores». De ahí que haga falta alguna medida que solvente estos problemas para el arrendador.

Hay varios casos en Toledo. En uno de ellos, que ha podido conocer este diario, el inquilino ha montado un negocio de lujo durante estos meses, con gastos importantes, pero sigue sin pagar un euro tras presentar en la fecha de su lanzamiento un papel a mano en el Juzgado en el que decían que era vulnerable. Después no lo ha demostrado, pero sigue viviendo 'de gratis'.

En teoría hay compensación, pero... Estas medidas, apunta Sandoval, pueden causar un perjuicio económico a los arrendadores, si no existe una compensación económica. De ahí que el Gobierno instauró una serie de compensaciones, en las que se tiene en cuenta el valor medio del alquiler, los gastos corrientes de la vivienda que ha tenido que sufragar el arrendador y el perjuicio económico que ha tenido que supone no poder vender o alquilar su vivienda.

El problema es que no es tan fácil conseguir esta ayuda. A nivel regional, es la Dirección General de Vivienda la que concede estas ayudas, con cargo a los planes estatales de Vivienda, que los perjudicados pueden solicitar a través de las delegaciones provinciales. Pero en toda Castilla-La Mancha, a finales de octubre tan solo se habían podido conceder 35 compensaciones, a recibir en un pago único, dependiendo de la fecha fijada para el lanzamiento.

En realidad, han llegado muchas más solicitudes, que se han tenido que desestimar. Sandoval explica esta cifra tan baja por los requisitos «muy concretos» que establece la Ley. Hace falta, en primer lugar, un documento judicial que acredite la suspensión, pero no por cualquier motivo, sino por vulnerabilidad económica que se ajuste al criterio que se regule en el Real Decreto. Son supuestos muy concretos.

La buena noticia es que los juzgados están empezando a informar en sus autos de las compensaciones a las que se puede acoger el arrendador. El propietario debe tener este auto, en el que se justifique que la suspensión judicial es por motivo de vulnerabilidad económica de los arrendatarios. El mismo debe estar en situación de desempleo o Erte y los ingresos de la unidad familiar deben ser inferiores a tres Iprem. Aunque se aplican correctores en función de la edad y de la unidad familiar. Además, el alquiler más los gastos de suministro (agua, gas, telefonía y comunidad de propietarios) deben ser superiores al 35 por ciento de los ingresos de la unidad familiar. Solo si se cumplen esos casos, el arrendador se puede acoger a la compensación económica por las rentas que deja de percibir y el perjuicio que le supone tener así el inmueble.

Y esto en lo mejor de los casos. Porque la lentitud de la justicia está haciendo que, aunque a la postre el inquilino moroso no cumpla los requisitos y en teoría tenga que ser desahuciado, pueda estar disfrutando de una vivienda que no es suya de manera gratuita durante meses. En Toledo hay propietarios que están esperando que de una vez los Juzgados hagan el lanzamiento desde principio del pasado año. «Mientras tanto, seguimos acumulando deudas para pagar los gastos», apuntan. Comprenden que la justicia está como está, pero también se sienten solos e incomprendidos por las administraciones. La 'ley Covid' y la lentitud de la Justicia les ha dejado en una muy complicada situación económica, que puede llevarles a perder por el camino la vivienda.

«Es un problema, porque al final la Justicia no todo lo ágil que a todos nos gustaría, y estas ayudas, aunque sean un balón de oxígeno para los arrendadores, en muchos casos pueden llegar tarde», concluye Sandoval.

La directora general recuerda que, a parte de estas compensaciones económicas puestas en marcha por el Gobierno de España, que es quien tiene competencias, la Junta por su parte está sacando diversas ayudas al alquiler, precisamente para poder ayudar a los arrendatarios que tienen dificultades para hacer frente al alquiler. Así, ya está en marcha el Bono Joven de Alquiler, y próximamente saldrá la convocatoria más ambiciosa de alquiler en Castilla-La Mancha con diversos programas, muchos de ellos, nuevo. «Son medidas muy necesarias, que son clave para llegar a estas situaciones, es importante apostar por medidas preventivas que permiten a los ciudadanos poder pagar mes a mes su renta», concluye.