El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que el Consejo de Gobierno de este martes tomará en consideración una Proposición de Ley impulsada por el Grupo Socialista en las Cortes regionales para combatir el problema de la ocupación. Una norma en la que se plantean penas más duras, una estrategia de lucha contra las mafias y la posibilidad de que los ayuntamientos tengan más legitimidad para actuar, tanto denunciando como negando el empadronamiento de los ‘ocupas’.

Una legislación que será trasladada al Estado, toda vez que tocará leyes ya existentes. Se trata de un «trabajo inmenso para combatir con mucha claridad y determinación a las enormes mafias de ocupación ilegal que hay en España», según ha explicado García-Page. Y es que, con la aprobación de la renta garantizada a nivel estatal «ya no hay razón por la que familias en situación de vulnerabilidad puedan acceder a una vivienda».

El texto ya elaborado tipificará «con más dureza a las mafias que hoy conducen a un callejón sin salida a personas con problemas».

Para ello, ha detallado, pedirá medios específicos en la Fiscalía del Estado, así como modificar la normativa de empadronamientos para que los ayuntamientos puedan defenderse de que los ocupas acaben inscritos legalmente en los municipios.

También se obligará en esta ley a los grandes propietarios -entidades bancarias- a «no estar de brazos cruzados» y tener que denunciar en el caso de sufrir ocupación de sus inmuebles.

Con esta Proposición de Ley de Medidas Integrales para la Protección del Patrimonio Inmobiliario, la Seguridad Ciudadana y la Convivencia Vecinal y Contra la Ocupación Ilegal de Viviendas, la intención es impulsar cambios legislativos que articulen mecanismos legales ágiles que permitan la defensa de los derechos de titulares legítimos que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda, así como la protección de la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal.

Según el texto de la proposición, habrá un endurecimiento de las penas. De este modo, se aumentan las penas privativas de libertad hasta tres años en caso de uso de la violencia o intimidación y multa de hasta doce meses en caso de ocupación pacífica inconsentida.

Se eleva el plazo de prescripción del delito de uno a cinco años para evitar así que el delito se quede sin castigo. Además, se podrán tramitar causas por juicio rápido, ya que la policía va a poder hacer denuncia al Juzgado con el atestado de la ocupación. En 48 horas los juzgados deberán acordar el desalojo del ocupa.

En virtud de esta ley, las comunidades de propietarios y los ayuntamientos quedan legitimados para poder denunciar las ocupaciones.

Otro mimbre importante es la modificación de las reglas del padrón municipal para impedir la inscripción de los ocupas, garantizando en todo momento la protección del menor en prestaciones tan esenciales como la atención sanitaria y educativa.