Más allá del problema de las okupaciones ilegales, la promoción de las 148 viviendas sociales de la calle Río Yedra del Polígono cuenta con otras dos grandes complicaciones, como son el mal estado del inmueble propiedad de la Junta y las dificultades de muchos de los inquilinos legales para pagar el alquiler, a su juicio demasiado elevado para ser un alquiler social, teniendo en cuenta sus reducidos ingresos.

Este diario ha podido saber que, tras la carta que la Consejería remitió a los inquilinos el pasado año reclamando sus deudas, algunos de ellos han mantenido a lo largo de enero varias reuniones con representantes de Fomento, donde al parecer están negociando directamente con la directora general de Vivienda, Inés Sandoval. La propuesta de esta parece que no les ha convencido del todo, y están preparando una contraoferta para el próximo encuentro.

¿Por dónde tiene que llegar la solución al problema de estos inquilinos legales? Desde la Asociación de Vecinos El Tajo, José Luis Calvo mantiene que se tiene que bajar el alquiler «en función de la renta disponible» de cada inquilino. Quizás dejarlo en la mitad es poco dinero para algunos y demasiado para otros con pocos recursos, más si también tienen que pagar comunidad, IBI y quizás ir quitando deuda. Hay vecinos que echan números y no les cuadra. Para la Asociación, es legal incluir en los alquileres IBI y comunidad. Pero «estamos hablando de vivienda social, no estamos hablando de vivienda libre».

A todo ello se unen los problemas de construcción de los edificios, «que ya les avisé en una reunión de la Comisión Provincial de Vivienda». Los edificios «tienen problemas constructivos, que no se terminan de arreglar». A eso se suma el problema de vandalismo, «con lo que todo está destrozado». A falta de soluciones, todo confluye.

Se veía venir. Para la Asociación de Vecinos, la situación de okupaciones y venta de droga denunciada por vecinos y policías en este diario «ya se veía venir». De hecho, explica Calvo, la Asociación de Vecinos ya se lo había avisado a Sandoval en un pasado encuentro. «Les hemos avisado de que no se pueden tener viviendas vacías, se tenían que haber adjudicado con una lista de vivienda que tienen». Así se lo llevan reclamando a la Junta tanto El Tajo como la Federación vecinal desde la anterior legislatura. Al final, han llegado las ocupaciones, además, «con gente que le da igual absolutamente todo».

El problema es que también algunas adjudicaciones, denuncia Calvo, no están bien hechas. Se debería exigir a las familias que presenten los contratos de luz, por ejemplo, para que no se enganchen de forma irregular.

También confluye la ocupación de los trasteros de las 148, que para Calvo se podría haber previsto y evitado.

Otro problema es que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) «está echando a la gente». Esta Sociedad es la propietaria de inmuebles en el bloque 19, donde «no está renovando ni un solo contrato, solo da una opción: cuando vence tu contrato, o compras el piso al precio que ellos digan, o te echan a la calle, aunque estés pagando el alquiler religiosamente». Para Calvo, Fomento debería haberle solicitado ya a la Sareb que le adjudique sus pisos en Castilla-La Mancha, como le permite la nueva Ley de Vivienda.